El expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, debían llegar a la Fiscalía General del Estado, la mañana del 15 de octubre de 2018. Ambos fueron citados en la investigación por presunta delincuencia organizada, en la trama de corrupción de Odebrecht, que fue denunciada por el exasambleísta César Montúfar. Sin embargo, ninguno se presentó.

En el caso de Correa, en su lugar, habría ingresado un escrito firmado por el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en el que amenazarían con presentar una demanda por calumnias, según señaló Montúfar.

“No se presenta Rafael Correa porque imagino está esperando a ver qué dicen los otros versionantes para no entrar en contradicciones, lo cual demuestra el miedo y el nerviosismo”, dijo Montúfar.

Para el dirigente del movimiento Concertación “lo que pretenden hacer es un sainete y quieren trasladar el delito hacia el denunciante; lo que vemos en sus versiones es que quieren politizar el caso”.

Anunció que no tiene miedo a las amenazas del exmandatario y que pedirá nueva fecha para que ambos den la versión. En el caso de Glas —informó— ha pedido que se la tome en la cárcel 4, en la que está recluido desde el 2 de octubre de 2017.

El exasambleísta recordó que el delito investigado es parte de la lista de al menos siete ilícitos que dispuso investigar el tribunal de la Corte Nacional, al condenar al exvicepresidente —y a otros— a seis años de cárcel por asociación ilícita, en la trama de sobornos de la empresa brasileña.

Además de Correa y Glas, también fueron citados otros funcionarios como el exfiscal Carlos Baca Mancheno, el exministro del Interior José Serrano y el exsecretario jurídico Alexis Mera.

El ex primer mandatario tiene una docena de investigaciones en la Fiscalía. El caso más avanzado es el de asociación ilícita y plagio del activista Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012.

Sobre la ejecución extrajudicial del comando Froilán Jiménez, del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), al que pretendió vincularlo el fiscal Fabián Salazar, el nuevo encargado del expediente, señaló que no había méritos para dar paso a la imputación. Jiménez fue asesinado el 30 de septiembre de 2010, durante las revueltas policiales.