Víspera a los dos últimos feriados del 2020, la justicia busca resolver recursos y pedidos en casos penales que se siguen en contra de figuras públicas del país.

Uno de ellos tiene relación con el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel Molina, quien cumple una sentencia de diez años de cárcel por el delito de lavado de activos, pero aún tiene pendiente otros casos.

Jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas intentan resolver, antes de Navidad, el recurso de apelación que presentó la Fiscalía General del Estado al fallo que anuló el proceso de enriquecimiento ilícito que se abrió en contra de Espinel.

La diligencia está convocada para el próximo 23 de diciembre. En ella se conocerá la fundamentación del recurso interpuesto por el fiscal Gustavo Benítez Álvarez, de la Unidad de Administración Pública de Pichincha, y de igual manera los presentados por la Procuraduría General del Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las tres entidades impugnaron la decisión que tomó el juez Jorge Martínez Olivares, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, el 22 de octubre de 2019, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde anuló el proceso por encontrar similitudes con los hechos investigados en el caso de lavado de activos.

Mientras, la audiencia que se convocó dentro del proceso de delincuencia organizada que se sigue, en Quito, en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y otras personas, se difirió.

La diligencia fue señalada para el jueves 17 de diciembre de 2020, pero se la agendó nuevamente para el próximo 30 de diciembre. Tanto a la jueza Ana Lucía Cevallos, quien conoce la causa, y a la secretaria les otorgaron licencia para asistir a una capacitación.

Bucaram y otros procesados han pedido la revisión de las medidas cautelares que se ordenaron en contra de ellos, dentro del proceso que investiga a un presunto “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Guayaquil y Quito, entre noviembre de 2019 y agosto de este año.

Entre esas actividades, la Fiscalía señaló la obtención de beneficios económicos, como la comercialización de pruebas para la COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria que se decretó en marzo de este año, por la pandemia. Entre los implicados está un ciudadano israelí que sobrevivió a un atentado que sufrió en el CDP de Guayaquil, donde asesinaron a un compatriota que implicó a Jacobo Bucaram Pulley en esa comercialización de medicinas.

Modalidades. Como medidas de bioseguridad, las audiencias se desarrollarán en las dos modalidades: presencial y por videoconferencia.

Tráfico de bienes

Otro de los procesos que estaba por definirse este 30 de diciembre es el de presunto tráfico de bienes patrimoniales, en el que la Fiscalía acusó a Abdalá Bucaram, pero absolvió a su hijo mayor.

Viaje por salud

El juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial Norte Penal 1, postergó la diligencia para el día 18 de enero de 2021; por motivos de salud deberá salir del país.