En la Asamblea Nacional duermen en total 1.231 proyectos de ley desde 2009 hasta la actualidad. Muchos de ellos seguirán hibernando y otros -cuando inicien funciones los nuevos legisladores- se les sumarán, aseguran expertos en legislación.

El 77,74 % de los proyectos de ley que están en trámite yacen en las comisiones permanentes, el 2,03 % en comisiones ocasionales; pero el 20,22 % no tiene comisión asignada, debido a que 69 propuestas de ley están en fase de ‘registro del proyecto’ (42 de ellas son de 2023), 1 se encuentra en etapa de ‘revisión en la Unidad Técnica Legislativa’, 178 siguen en ‘revisión en el Consejo de Administración Legislativa’ (38 desde 2021); pero un proyecto, aunque el sistema de proyectos de ley de la plataforma digital de la Asamblea Nacional lo registra en fase de ‘revisión en comisión para primer debate’, tampoco está en alguna comisión y corresponde al 2009.

Por otro lado, solamente el 42,16 % de los proyectos de ley que aún siguen en trámite proviene de 2021 hasta mayo de 2023 -cuando el primer mandatario Guillermo Lasso activó la figura de muerte cruzada y cesó a la Asamblea, a través del decreto ejecutivo 741, en la madrugada del 17 de mayo de este año, luego del primer día de comparecencias en el juicio político que el Legislativo desarrollaba contra el jefe de Estado-.

Además, 329 de los 577 proyectos de ley que están en trámite y que a su vez se encuentran en etapa de ‘revisión en comisión para primer debate’ fechan desde 2021. 131 propuestas aún se registran en fase de ‘revisión en comisión para segundo debate’ (62 de ellas datan de 2021 y 2022).

Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta lista de pendientes “es la gran irresponsabilidad que tienen los asambleístas al presentar cualquier cosa como proyecto de ley y, en lugar de preocuparse de aquello que está pendiente, siguen sobrecargando a la Asamblea con trabajo que va a quedar a medio camino”. A su juicio, muchos de los que surgieron en 2009 quizá no tengan relevancia en este momento.

Sin embargo, “hay que exigir que estos proyectos de ley sean evacuados con la mayor premura posible”, sostiene Emilio Suárez, experto en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Aunque también hay que considerar que gran parte de los proyectos de ley no son textos íntegros de leyes, sino que muchos de ellos son fragmentos de leyes que se encuentran ya vigentes y que requieren algún tipo de reforma, indica.

Pero el problema del represamiento no solamente radica en presentar iniciativas que no son relevantes o coyunturales, sino también es que “en Ecuador nos dejamos llevar mucho por apariencias”, expone Francisco López, especialista superior en Derecho Constitucional y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, debido a que “nos dejamos llevar estadísticas para saber quién ha presentado más proyectos de ley; pero sería mejor llevar un registro de quienes han presentado iniciativas que han llegado a ser leyes”.

El docente cuenta que hay asambleístas que presentan propuestas de leyes que han sido presentadas en congresos de otros países, y estos al pasar a las comisiones especializadas se dan cuentan y son rechazados; son proyectos que definitivamente no van a pasar, pero merman el tiempo para tratar iniciativas que sí se requieren, expresa.

No obstante, Suárez cree que, a pesar de esto, el tema más importante será la determinación de la agenda legislativa y a su vez, qué tanto apoyo tendrá el Ejecutivo para delinear, juntamente con la Asamblea, las prioridades.

Entre las iniciativas que debiesen retomarse su tratamiento, a criterio de Alarcón, está el proyecto de Ley de Gestión de Riesgos. Esta se encuentra en fase de ‘difusión para segundo debate’ y data del 31 de octubre de 2017, y está en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

En cambio, López propone que el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos para Optimizar la Citación Judicial también sea considerado entre las diligencias. El docente comenta que actualmente el tiempo para que se logre citar en un proceso judicial fácilmente puede pasar entre seis meses y un año. “Esta es una de las razones por las que no se puede administrar justicia”.

Por su lado, Suárez sugiere que entre las prioridades debería estar la evacuación del proyecto de reforma constitucional que fue presentada, en diciembre de 2022, por el presidente Guillermo Lasso para que los militares actúen de forma complementaria con la Policía Nacional. La Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate, el 10 de mayo pasado.

Pero que esto sea tramitado solo dependería de voluntad política y de responsabilidad, afirma Alarcón. “No se necesita un nuevo proyecto de ley, sino cerrar los procesos que quedaron a medio camino”, insiste. Caso contrario, si los nuevos legisladores presentan nuevas iniciativas, los números podrían seguir creciendo y es probable que el tratamiento de estos no termine en mayo de 2025, cuando se produzca el recambio.