Un proyecto de ley pone a los transportistas alerta

Un proyecto de ley enturbia las buenas relaciones entre los transportistas y el Gobierno. Se trata de las reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, presentadas por el oficialista Diego Vintimilla.

La iniciativa, de cuatro artículos que está en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, plantea el reconocimiento del transporte ejecutivo interprovincial. Ahora este funciona, de manera informal, con autobuses y busetas.

Los transportistas de pasajeros no quieren una nueva modalidad a las ya existentes y piden el archivo del proyecto. “Vamos a concentramos, si hay debate nos movilizaremos con buses y gente a la Asamblea”, dijo a EXPRESO el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), Abel Gómez.

El presidente de la Federación Nacional de Camionetas, Napo Cabrera, comentó que “la propuesta es demagógica y politiquera” porque hay transporte organizado que cubre las necesidades de la colectividad.

Este es uno de los pocos temas que rompe la armónica relación del gremio, desde 2007, con el Gobierno. El presidente de la Federación de Transporte Pesado, Alberto Macías, dijo, por ejemplo, que “están del lado del Gobierno porque ha hecho carreteras y ha dado facilidades a los transportistas”.

El asambleísta del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Moisés Tacle, cree que hay intereses económicos. “La Agencia Nacional de Tránsito parece la oficina de los transportistas. Es un sector que tiene gran poder político”, dijo.

Pero hay otros temas que también amenazan con romper esa comprensión entre los choferes y el Gobierno. Por ejemplo, la chatarrización que se suspendió el 31 de diciembre de 2015. “Seguimos parados, sin unidades de trabajo. Se cancelaron los préstamos de la Corporación Financiera Nacional”, comentó el presidente de la Federación de Taxis Ejecutivos, Fernando Valdéz.

Otro tema álgido: los transportistas no están amparados por la seguridad social. Según ellos, el 15 % del sector está afiliado al IESS. “Los costos de la afiliación son altos, no podemos pagar 72 dólares por cada uno. Proponemos 50 dólares, que incluya el seguro de salud porque es vital”, agregó.

También se quejan de las revisiones técnicas que están a cargo de los municipios. “Es un botín político, se entregan permisos de funcionamiento a nuevas empresas”, dijo Valdéz.