El proceso de juicio político en contra de Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, es el siguiente en el calendario de la Comisión de Fiscalización para su sustanciación.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, recordó que el 27 de febrero de 2024, la mesa legislativa calificó el juicio contra Santos y se notificó al ex funcionario. Este tiene 15 días a partir de este 28 de febrero para enviar sus pruebas de descargo y las de cargo que presente la proponente del juicio, Nicole Saca, de la bancada oficialista.

Después empezarán las comparecencias durante 10 días y los alegatos finales.

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"Las acusaciones tienen que ver con el tema energético por las acciones y omisiones durante la crisis eléctrica", indicó la legisladora de la Revolución Ciudadana.

Por otro lado, Aguirre sostuvo que se están utilizando los tiempos que otorga la ley para avanzar con las solicitudes de juicios políticos que están en lista de espera, por ejemplo el pedido de juicio en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

En relación al juicio político contra el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el exvocal Juan José Morillo, dijo que se evidenció en la Comisión que 30 funcionarios legislativo fueron contratados en la Judicatura durante el proceso de juicio político en el anterior período legislativo. "Eran familiares de asambleístas", refirió.

Por ejemplo, detalló que el exlegislador Mario Ruiz tenía a su primo como funcionario judicial, contratado durante el juicio político; el actual asambleísta Pedro Velasco tiene a su hijo como director de la Judicatura de Carchi; Yadira Santi, pariente de Marlon Santi, fue designada como directora en la Judicatura de Pastaza.

Al respecto, dijo que se realizará un proceso de fiscalización y se presentarán denuncias.

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