Los protegidos por el Estado

Utilizar pelucas, gafas y gorros es parte de la protección para algunas personas incorporadas al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.

Ocurre especialmente cuando deben acudir como testigos a una audiencia. Los cambios periódicos de domicilio, de chip de teléfono o estadías en hoteles se contemplan entre las medidas de seguridad.

Con ello se busca evitar que ocurra lo que le tocó vivir a Carlos Gómez Junco, ciudadano colombiano y testigo protegido en el caso del fallecido narcotraficante Óscar Caranqui.

Era 3 de diciembre de 2007 y Gómez Junco salía del Juzgado segundo Penal de Pichincha tras la audiencia por la muerte de la guía penitenciaria Silvia Ibarra, asesinada con cinco impactos de bala afuera de la cárcel de mujeres de El Inca, en septiembre del 2006.

A pesar de que era custodiado por agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), un joven colombiano de 15 años disparó dos veces. Uno de los impactos lo recibió Gómez en un costado y el otro disparo alcanzó el brazo derecho de un subteniente. Las fallas en la protección motivó la creación de un reglamento en 2012 que establecía derechos y obligaciones para los protegidos.

Hasta agosto de este año el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía registraba 1.925 protegidos. El 13 de septiembre Alfredo Alcívar, un productor audiovisual guayaquileño de 30 años, se unió a ese grupo.

Alcívar se definió como el ‘hombre de confianza’ de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente sin funciones Jorge Glas. Ambos integran la nómina de 18 investigados por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht, junto con el excontralor Carlos Pólit y otros.

La vida de Alcívar dio un giro el 11 de septiembre en que decidió dar detalles de la información que, como colaborador, manejaba de Ricardo Rivera. Por redes sociales empezó a recibir apoyo, pero también advertencias y desacreditaciones.

Una de ellas fue de Rivera. En su cuenta de Twitter el tío del vicepresidente escribió: “En la foto aparece el corrupto denunciante Alfredo Antonio Alcívar Aráuz, chupando dentro de las instalaciones de @TVSRGRA hecho por el cual fue severamente amonestado”. Y se preguntó: ¿Será uno de los motivos la venganza de este denunciante que declara hechos que solo existen en su mente alcohólica?

Alcívar contará con vigilancia y todas las medidas de seguridad que requiera mientras persista las amenazas o peligro en su contra. Si requiere podría ser trasladado a otra ciudad junto con su familia. El Estado le proporciona recursos para el arriendo, alimentación y otras necesidades.

Ya se ha hecho en otras ocasiones. El ingreso al sistema deberá ser motivado y aprobado si es que hay la presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física y psicológica del peticionario por su participación en una causa penal.

Alcívar no es parte del proceso, pero es un tercero que proporcionó información que la Fiscalía consideró relevante.

Además se toma en cuenta la condición y grado de vulnerabilidad psicológica y social, la pertenencia del solicitante a uno de los grupos de atención prioritaria, su perfil victimológico, las consecuencias que provoque el delito denunciado, en relación con la integridad del posible protegido, informó la Fiscalía.

Freddy Lala, quien sobrevivió a la masacre ocurrida en 2010 en Tamaulipas, México, en la que murieron 72 migrantes, fue otro de los protegidos.

Él fue incorporado en agosto de 2010. Con él se protegió a su familia. Lo inmediato fue el resguardo policial. El Estado invirtió alrededor de 70.000 dólares para cumplir con los ofrecimientos que Lala consideró eran menos de lo que le habían ofrecido.

Lala tuvo que vivir en casa de familiares, en hoteles hasta que en 2013 se retiró del sistema.

Erwin Vivar, sobreviviente del operativo policial que se cumplió en una farmacia de Guayaquil y que dejó ocho personas fallecidas y tres desaparecidas, fue otro de los protegidos.

Vivar había viajado a Venezuela en 2003. En junio de 2016 la Fiscalía, luego de entablar contacto con él por casi un año, lo integró al programa.

Las obligaciones de los testigos

Quienes se someten al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos tienen al menos 13 obligaciones que cumplir. La fundamental es colaborar con la justicia y acudir a diligencias preprocesales y procesales penales. También deben cumplir las disposiciones impartidas para la protección de él y su familia. No pueden divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona u otras que estén en su condición. Tienen que mantener absoluta confidencialidad sobre su situación de protección y de las medidas que se les otorguen. Deben abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo. No pueden salir del país sin tener autorización. Tampoco se les permite dar declaraciones públicas. Tienen que cambiar de residencia cada vez que disponga el sistema y acatar otras medidas dispuestas para su seguridad.