Los fiscales y jueces que conocen casos de crimen organizado, narcotráfico y de lucha contra la corrupción recibirán más protección. Es la primera medida gubernamental adoptada tras las constantes amenazas que reciben contra sus vidas y las de sus familias.

Para protegerlos habrá un protocolo de seguridad que fue firmado, ayer, por el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, el ministro del Interior, César Navas, y la fiscal general (e), Thania Moreno.

Según el documento, la protección y seguridad alcanzará a jueces y fiscales que sustancian expedientes relacionados con delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, defraudación aduanera, usura, lavado de activos, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas o sujetas a fiscalización, entre otros.

Entre los más afectados se encuentran funcionarios que trabajan en las provincias de frontera: Carchi y Esmeraldas. También hay casos en Manabí. Todos recibieron amenazas para que cambien sus criterios judiciales, según señaló Jalkh.

“Ante esas intimidaciones, habrá una reacción de seguridad y luego de los estudios de riesgos definitivos se tomará decisiones sobre la permanencia de la protección o ampliación de la misma”, informó el funcionario.

El titular del Consejo precisó que se garantizará la seguridad para que fiscales y jueces hagan su trabajo. Pero aclaró que no existe pretexto de ningún tipo de amenaza ni de complejidad del caso que pueda justificar negligencia. “Se dará todas las garantías de seguridad” añadió.

La fiscal Moreno especificó que la seguridad estará a cargo de un cuerpo especializado de la Policía que prestará protección individual, patrullaje permanente y preventivo. Las autoridades trataron el tema a propósito de la reunión de la mesa de justicia. MCV