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Protección digital que atenaza al periodismo

Activistas piden el veto del presidente Otros sectores avalan la ley, pero con reparos

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Organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su rechazo a la aprobación de la normativa.Captura de pantalla

Una propuesta que sufrió metamorfosis en el camino. En el ocaso de su gestión, la Asamblea Nacional aprobó una normativa que, a decir de los más críticos, es tan o más peligrosa que la Ley de Comunicación aplicada durante la década pasada. Advierten que si no hay cambios, están en peligro las libertades ciudadanas en general.

La noche del jueves, con 107 votos a favor y apenas cuatro en contra, los legisladores dieron luz verde a la Ley de Violencia Digital. Entre las que se opusieron estuvo la propia proponente, Mae Montaño, quien alertó que “la ley que estaba proyectaba para prevenir la violencia sexual digital, por el oportunismo politiquero se ha convertido en una ley no para proteger a las mujeres, sino a los políticos autoritarios y corruptos”.

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Hasta ayer, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) ya contabilizaba una docena de artículos con una redacción ambigua que, mal usados o interpretados, restringe el trabajo periodístico y la libertad de expresión, en general.

Con estos antecedentes, el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Francisco Rocha, considera que el Ejecutivo debe vetar totalmente lo aprobado. Lamentó que una propuesta que estaba pensada en defender la violencia y el acoso digital, que es un hecho real, se haya volteado a una que pone en peligro las libertades de los ciudadanos.

“Han mezclado temas para intentar acallar, por ejemplo, a las redes sociales. Evidentemente ahí hay excesos pero estos deben ser tratados en otra ley que hable sobre los delitos cibernéticos. Lo que han hecho es llevar todo al derecho penal”, manifestó Rocha.

La ley aprobada por el Legislativo debe ser enviada para que el presidente, en 30 días, la vete total o parcialmente o dictamine el ejecútese. A la actual administración le quedan quince días para resolver el tema. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dijo ayer que una vez que les llegue el documento será sometido a análisis y recalcó que hasta el último día de mandato respetarán los principios de la libertad de expresión.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), calificó al texto aprobado como un “Frankenstein” que no solo afecta a la prensa, sino a toda la ciudadanía porque los tipos penales aprobados no se aplicarán exclusivamente a periodistas o personas relacionadas con la comunicación.

Pese a ello, el activista aboga porque el primer mandatario se incline por un veto parcial de la ley, rescatando aquellos puntos que sí se refieren al combate de la violencia digital o el acoso a la intimidad. Un veto total, significaría que una normativa similar no puede ser trata dentro de un año.

“Lo que aprobaron los asambleístas la noche del jueves debe ir necesariamente de la mano de una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Solo contando con ese sistema normativo se puede hablar de proteger la violencia digital y evitar que se haga una aplicación discrecional de los artículos”, señaló Alarcón.

Pero lo referente a la libertad de expresión no es lo único que preocupa de esta norma. Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y exmilitante de la Coalición Nacional de Mujeres, resaltó que el tema de la violencia digital esté siendo visibilizado, pero le inquieta que se incluya a los adolescentes en los castigos del ámbito penal cuando ellos están bajo el régimen del Código de la Niñez y Adolescencia.

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“Es necesario seguir trabajando y poniendo en agenda el tema de la violencia digital, pero se pudo trabajar coordinando mejor con los legisladores que tienen a cargo las reformas al Código de la Niñez. Ahí hay un error”, dijo Gómez.

El abogado Lenín Hurtado, que ha llevado varios casos de acoso y violencia digital, prefiere centrarse en lo positivo del proyecto aprobado por los legisladores, porque dice conocer el drama de las víctimas que incluso llegan a plantearse como salida hasta atentar contra sus propias vidas.

Positivo y perfectible

Para Lenín Hurtado “todo proyecto es perfectible y puede ser afinado por el equipo de la Presidencia. Pero que se lo esté tratando es positivo. El ejercicio de la libertad de expresión y de información deberá ser tratado en otras leyes como la de Protección de Datos justamente para delimitar el ámbito de cada normativa y no afectar el derecho a la libertad de expresión”.

Redacción muy abierta

Mauricio Alarcón considera que “lo que aprobó la Asamblea no es volver a la Ley de Comunicación, es más grave. Partamos del hecho de que la Ley de Comunicación no establecía la cárcel como sanción. La forma abierta como está redactada la normativa allana el camino a la interpretación y exponer a la gente que ejerce el periodismo a enfrentar penas privativas de libertad”.