Casi ocho días antes de que concluyan las investigaciones por presunta delincuencia organizada en contra del excontralor Pablo Celi y otras 14 personas, la Procuraduría presentó acusación particular para 13 procesados en el caso Las Torres.

El documento fue entregado el martes en la Secretaría de la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. El abogado Juan Pablo Ortiz, uno de los defensores en el caso, señala que con esa acción la Procuraduría busca ser considerada como parte procesal en un eventual juicio y que le den la calidad de víctima. Eso además le permitirá al abogado del Estado reclamar el pago de la reparación integral.

Por casi 120 días la Fiscalía ha investigado la existencia de una posible estructura delincuencial conformada por funcionarios de la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia, para el cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas a empresas contratistas del Estado como NoLimit.

La Procuraduría recordó en un comunicado que la Fiscalía investiga una presunta organización delictiva que a partir de 2017 habría operado en la Contraloría General de Estado. Uno de los investigados es el excontralor Pablo Celi, actualmente preso en la cárcel 4 de Quito. Además, la Fiscalía indaga a su hermano Esteban, quien solicitó someterse al procedimiento abreviado y admitir su culpa.

La Procuraduría hizo una reseña del caso y adjudicó a cada uno de los acusados una parte de posible responsabilidad. En general dijo que la estructura presuntamente se consolidó en agosto de 2018 con la designación de Pablo Flores como gerente de Petroecuador, Natalia Cárdenas como su asesora, entre otros funcionarios.

En el documento se indica que en noviembre del mismo año las actividades se habrían extendido a la Presidencia de la República a través del fallecido José Agusto Briones, su hermano Luis y otros investigados.

Añadió que la organización supuestamente funcionó de forma permanente hasta 2020 y se habría beneficiado de los pagos efectuados por la estatal petrolera a sus proveedores. Para conseguir el objetivo los integrantes habrían ordenado y gestionado el desvanecimiento de glosas a cambio del pago de porcentajes de los pagos.

Una vez presentada la acusación se fijará fecha para el reconocimiento de la firma y rúbrica, con lo que pasaría a ser formalmente parte procesal y podrá intervenir en un eventual juzgamiento.

María Teresa Torres es una de las defensoras en el caso. Ella indicó que tres de los procesados, a quienes la Procuraduría mencionó como servidores, no son ni han sido funcionarios públicos dentro del periodo investigado.

La abogada manifestó que es una confusión total lo afirmado por la Procuraduría en su comunicado. Hasta el cierre de la edición, los abogados no habían sido notificados con la acusación particular.

Según el artículo 432 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) esa figura puede ser presentada en tres circunstancias. Una de ellas está a cargo de la víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y el procurador del Estado, para las instituciones que carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría.

El COIP señala que en la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción con la que se le quiere acusar.

El artículo 433 dispone que en el procedimiento se sigan varias reglas. Una es que se presente desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión. El acusador debe reconocer el contenido de la acusación. Si es que esta reúne los requisitos se aceptará a trámite ordenando la citación. Caso contrario debe mandarse a completar en tres días. Si no hay respuesta se entenderá como no propuesta.

La próxima semana, una vez concluida la instrucción la Fiscalía solicitará día y hora para sustentar su dictamen en la audiencia preparatoria de juicio.

Actuación

En el caso sobornos

La acusación particular de la Procuraduría en el caso Sobornos 2012-2016 le permitió al organismo participar activamente en el juicio y, ya con la sentencia, impulsar el pago de la reparación integral.

En ese caso fueron 14.7 millones de dólares que debían ser cancelados por los 20 sentenciados por cohecho agravado. Una Unidad Especial de la Procuraduría fue encargada de ejecutar reparación integral.

La cifra

120 días de instrucción fiscal recibió la Fiscalía para investigar el caso.

El detalle

Detenciones. Las primeras aprehensiones del caso se ejecutaron entre la noche y madrugada del 12 y 13 de abril pasado.