El procurador Íñigo Salvador presentó en la Corte Nacional una petición de ejecución de la condena en el caso Sobornos 2012-2016. Solicitó también se verifique si alguno de los 20 condenados ha pagado los 778.000 dólares, en el caso de los autores y la mitad para el caso de los cómplices.

Dijo a los jueces que si no han pagado que procedan al cobro de la indemnización. El 18 de septiembre se ejecutorió la sentencia de ocho años de cárcel. Rafael Correa encabeza la lista de condenados. El procurador destacó que la Unidad de Recuperación de la institución ha recabado información de los bienes de los sentenciados a través del registros de la propiedad de los cantones para que certifiquen la existencia de bienes y también de las superintendencias para ver si tienen cuentas de ahorro en cooperativas. La mayoría estaría en condiciones de pagar.

El procurador solicitó además a la Corte que señale día y hora para las disculpas públicas que deben ofrecer los sentenciados, para las publicaciones de prensa con el texto de la sentencia y para la colocación de la placa en Carondelet. A ello se suma el establecimiento de una fecha para la capacitación en 300 horas de transparencia y ética laica en la gestión pública que deben recibir los condenados. La Procuraduria hará las gestiones para que el Estado persiga la recuperación de los activos estatales en este y otros casos, anunció Salvador. Destacó que es el primer acto en la Procuraduría a través de su Unidad de Recuperación de Activos.

Indicó que la gran mayoría de sentenciados están en capacidad de pagar con el remate de bienes. Habrá que hacerse varios peritajes para saber si con esos bienes se puede cumplir con el monto.

En en el caso Sobornos fueron 20 condenados por cohecho agravado. Fueron hallados culpables de integrar una estructura delincuencial dedicada a la captación de aportes ilegales de contratistas del Estado. Extraoficialmente se conoció que sólo uno de los condenados ha pagado la indemnización. El procurador fue informado que al exvicepresidente Jorge Glas se le dejó de pagar el sueldo que se destinaba al pago de pensiones alimenticias.