El juez de Garantías Penales, Ramón Saltos Dueñas, dictó prisión preventiva para 15 de los 17 investigados por delincuencia organizada en el caso de corrupción del hospital Abel Gilbert de Guayaquil. Para las otras dos personas, el juez dispuso la presentación periódica y la prohibición de salida del país por ser de la tercera edad. 

Entre los procesados se encuentran dos de las accionistas y el contador de la empresa Zoldan Corporeishon S.A. catalogada como la "pieza clave" en la investigación por corrupción en los hospitales públicos del país.

Los nuevos vinculados se unen a otras 17 personas que ya fueron detenidas por la Fuerza de Tarea el pasado 18 de junio en medio de 48 allanamientos que se realizaron en Guayaquil, Quito, Daule y Samborondón. En el Puerto Principal se detuvo a varios funcionarios del hospital Abel Gilbert. 

Los operativos se realizaron a partir de una denuncia del exgobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, y por medio de esta investigación, la Fiscalía pudo determinar que este grupo también operaba en los hospitales de Durán, Los Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo, de la Policía,  de Milagro, el Eugenio Espejo, entre otros. 

En la audiencia, que inició luego de las 9:30 de la mañana de este 3 de agosto, la fiscal Claudia Romero presentó como elementos de convicción la información remitida por Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), en la que se detalla los contratos y se evidencia el incumplimiento de condiciones; los reportes ejecutivos ampliados de la Unidad de Análisis Financiero y Economico (UAFE) y los informes de la Superintendencia de Compañías y de la Superintendencia de Bancos, "con los que se pudo conectar las presuntas acciones irregulares y en los que encontraron elementos para cada una de los vinculados", asegura el Ministerio Público.

Se sumaron también las actas de levantamiento de insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país, los mismos que fueron incautados en los diferentes allanamientos ejecutados el 18 de junio pasado y que se encuentran en custodia de la Policía Judicial.

En total, 34 personas son investigadas por ser parte de una estructura que habría adquirido, según las investigaciones, insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y a otros miembros de la misma organización