La Fiscalía General del Estado (FGE) busca esclarecer un presunto tráfico de influencias, que involucra a una funcionaria de la institución por la adquisición de termómetros infrarrojos en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Transparencia allanaron, este viernes 30 de julio de 2021, las instalaciones de la Fiscalía Provincial del Guayas, ubicada en el edificio de La Merced, en la ciudad de Guayaquil.

Según información que publicó la FGE en su cuenta de Twitter, la diligencia se dio en torno a una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias que llevó a la detención -con fines investigativos- de una servidora administrativa de la entidad, cuya oficina de trabajo fue allanada para levantar indicios relacionados al hecho, entre estos: una laptop, un CPU, una terminal móvil. La incursión policial se extendió hasta el domicilio de la funcionaria, donde fue aprehendida.

Horas más tarde, la Fiscalía formuló cargos en contra de la servidora, identificada como Verónica Mena, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

Entre los principales elementos de convicción se incluyeron: la suscripción de dos actas –de entrega y recepción– suscritas por la servidora pública y una particular en hojas con logotipo de la institución, así como la factura presentada por el representante legal de la empresa proveedora a nombre de la Fiscalia de Guayas, informó la FGE.

El juez que conoció el caso dictó medidas como la prohibición de salida del país, presentación todos los lunes en la Fiscalía, retención de sus cuentas por 15.000 dólares y prohibición de enajenar bienes.

En mayo de 2021, la Fiscalía conoció del cometimiento del presunto delito por parte de la procesada, quien –durante su desempeño como coordinadora administrativa financiera encargada– habría solicitado a una empresa treinta y cinco termómetros infrarrojos a nombre de la institución, sin que existieran los requisitos previos como el informe de necesidad o el respectivo proceso de compra, detalló la FGE.

Además, tampoco se habría procedido con el pago de lo adquirido y no se los habría utilizado en la Institución.

"Al solicitarle información al respecto, la funcionaria respondió que ella asumiría el costo de los termómetros, pero no lo hizo".

Esta no es la primera vez que la FGE allana las oficinas de la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil.

El pasado 15 de enero, también incursionó en las oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas.

Con base en su política de cero tolerancia a la corrupción, personal de la entidad, liderada también por la Dirección de Transparencia en la Gestión, ejecutó esas acciones dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción, relacionados con la instrucción fiscal del presunto femicidio de Lisbeth Baquerizo, de 30 años. La mujer fue encontrada muerta en el interior de su vivienda, en la urbanización Puerto Azul, en la vía a la costa.

Según se informó en aquel entonces, en la diligencia se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares de una funcionaria de la institución.