Salía de una reunión social y estacionó su vehículo en la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil. Desde el retrovisor miró que un hombre se acercaba con un revólver en las manos. De inmediato sacó su pistola. “No hubo necesidad de disparar, el ladrón vio el arma y prefirió huir”. Joaquín Flor recuerda con detalle ese momento. “Si no hubiera tenido el arma, otra fuera la historia. Tal vez no estaría aquí”.

Como abogado, miembro de un club de tiro e instructor en el manejo de armas, este guayaquileño de 64 años está convencido de que flexibilizar las reglas para que los civiles tengan la opción de armarse frente a la delincuencia es el camino para lograr la paz. “Si el Estado no tiene la capacidad de cuidarnos, debemos hacerlo los ciudadanos. Pero ojo, no cualquiera puede ni debe portar una arma”.

En su familia todos, desde su esposa, saben manejar armas de fuego y tienen sus permisos. “Un arma no es un juguete. No es para dar tiros a fin de año. Si se la saca es porque se la va a usar y si se la usa es porque está en riesgo la vida”.

Su criterio es que el Estado debe permitir el porte de armas, pero mediante un riguroso control de quien las porta. Dice que se debe llevar un registro adecuado de huellas dactilares, hacer pruebas psicológicas y asegurarse que la persona tenga una buena preparación, a través de cursos que pueden durar de dos semanas hasta un mes.

Históricamente, en el Ecuador siempre estuvo vigente el libre porte de armas. Pero fue con el gobierno de Rafael Correa que ese derecho se restringió. Hoy, el porte de armas está limitado. Solo ganaderos, camaroneros, guardias y los miembros de la fuerza pública tienen acceso. El resto de la población, aunque legalmente puede solicitar el permiso, enfrenta trámites engorrosos. A eso se suman las limitaciones al comercio y la preparación en escuelas.

Pese a los frenos, entre 2021 y lo que va de este año, la Policía y las FF. AA. han incautado 15.000 armas de fuego, entre revólveres, pistolas, cartucheras, escopetas, fusiles, carabinas, rifles, ametralladoras y hasta dos lanzagranadas.

Es así que hay miles de armas ilegales en poder de delincuentes. Eso explica que de enero al 15 de septiembre se reportaron 2.683 personas muertas por armas de fuego, el 85 % de todos los crímenes (3.122). Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de robos, sicariatos o balas perdidas.

“La importación de armas se mantiene y con ello ha proliferado la venta clandestina de armas y municiones. Un negocio jugoso y sin control alguno”, dice Flor. Como instructor dice que los controles son solo para los que cumplen la ley. “Las prohibiciones afectan gravemente la actividad deportiva, tenemos muchos campeones mundiales en varias disciplinas del tiro. Pero los niveles de entrenamiento son pobres por la falta de municiones y armas”.

En los clubes, una persona que desee practicar tiro debe pasar un proceso de admisión. Se le revisan los antecedentes penales. El candidato debe mostrar dominio propio en situaciones de tensión e ira. Y debe dejar claro cuáles son sus motivaciones. “Si vemos que alguien no está preparado, por ejemplo, se toma unos tragos y es violento o si su motivación es alardear con un arma, los instructores damos de baja el trámite y nos oponemos a que reciba el permiso”, dice Flor.

Los que sí tienen un libre acceso a armas, incluso de guerra, son los delincuentes. Este año se han encontrado miras telescópicas, rifles AR 15 y carabinas M4, ambas con munición de 5.56 mm, que es capaz de atravesar concreto, chalecos de protección balística o blindajes. Sin embargo, las que más hay en las calles son armas cortas y artesanales. El Comando Conjunto de las FF. AA. ha incautado en este año 2.628 revólveres. La mayoría fueron empleados en robos a personas, asaltos en vías o en violaciones.

Con la ola de violencia que atraviesa el país, el libre porte de armas es un tema en debate. Fue una promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso, pero el impulso lo ha dado el Partido Social Cristiano.

Una de las críticas más duras para impedirlo es que estas armas no solo serían usadas para defensa personal, sino en la resolución de conflictos personales, como explicó el catedrático Fernando Carrión.

Se cita como ejemplo a EE. UU. y sus masacres. Sin embargo, este país, en 2021, tuvo una tasa de homicidios de 6,9 muertos por cada 100.000 habitantes. Ecuador, sin porte de armas, cerró el año pasado con una tasa de 17 y en lo que va de 2022 está ya en 19. Mauro Vargas, inspector general de la Policía, reveló que si la tendencia se mantiene, la tasa de homicidios subirá a 21. Para 2023, Ecuador experimentará una inseguridad similar a lo que ocurre en Colombia y en México.

En la región, Brasil es otro país que en los últimos años ha permitido a la población armarse. Su tasa de homicidios el año pasado fue de 18,5, la más baja desde hace 14 años.

• 2.683 personas han muerto este año por armas de fuego. Significa el 85 % de todos los crímenes, que suman 3.122.