Las acciones de protección se han convertido, en los últimos seis años, en una herramienta política. Se usan como una barrera, ya que impiden que las decisiones administrativas se acaten.

La evidencia de su abuso está en el número de causas. En 2017 se solicitaron 2.800 acciones de protección. Para 2021, a los juzgados ingresaron 15.400 acciones. Y en lo que va de este año ya son 4.000 peticiones. Entre estas, la de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.

Una mayoría de legisladores se organizó para investigar a Llori. Pero antes de que conformasen la comisión, ella interpuso una acción de protección y en pocas horas consiguió medidas cautelares. Así, haciendo uso de la justicia, logró que el proceso de fiscalización interna quede interrumpido.

La receta fue la misma en el caso de Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. En febrero presentó una acción de protección para quedarse en su cargo, luego de que una mayoría de consejeros dejó la institución en manos de Hernán Ulloa. Primero un juez falló a su favor. Pero Ulloa también recurrió a la táctica.

“La utilización política hace que, sin duda, se desnaturalice este tipo de proceso. Las acciones de protección no fueron creadas para sostener a la gente en el cargo político”, dice Lorena Grillo, abogada litigante.

La misma leguleyada empleó Jorge Yunda, en 2021, cuando trató de aferrarse al cargo. Pero en su caso se descubrió que sus dos demandas fueron direccionadas a jueces. No se hizo sorteo y el secretario que recibió el expediente el exalcalde de Quito dijo que simplemente “apareció en su cajón”.

El abuso de las medidas de garantías jurisdiccionales no se limita a figuras políticas. También hay empresas que se sirven de una figura creada para evitar la vulneración de derechos constitucionales. Pero en lugar de aplicar justicia, los fallos resguardan los intereses privados por sobre los entes públicos.

En Quito, la Alcaldía denunció que la empresa de Publicidad Sarmiento presentó una acción de protección para frenar la terminación de un contrato. Lo extraño es que llevó la causa a Guayaquil, aunque la firma opera en la capital.

Lo mismo hizo la compañía de seguros Interoceánica, que por sus manejos económicos recibió la orden de la Superintendencia de Compañías de iniciar la liquidación forzosa. La decisión no se pudo cumplir porque presentó una acción de protección en Guayas.

La Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. llegó a Quevedo, aunque opera en Ambato, una acción de protección para cobrar por un fotorradar que ha generado multas por sobre los $ 60 millones. Una distribuidora farmacéutica llevó a Guayaquil un expediente en contra del Hospital de la Policía N° 1, ubicado en Quito.

El 12 de abril, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, pidió a la Corte Constitucional una sesión “a la brevedad posible” para analizar el abuso de las garantías constitucionales. Entre estas figuras está el habeas corpus y la acción de protección, “figuras cuya interpretación y aplicación indistinta por parte de los jueces del país es ampliamente discutida en la actualidad”.

La necesidad de revisar la aplicación de estas figuras se volvió evidente tras la decisión del juez de Manglaralto de otorgar el habeas corpus a Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado por corrupción. Con su fallo, se envió al reo a completar la pena en libertad, sin que la orden la diera un juez de garantías penitenciarias.

“Hay problemas estructurales que se inician porque no existen jueces especializados, no hay rigor ni criterios de uniformidad”, dice Ismael Quintana, constitucionalista. La ley dice que todos los jueces pueden resolver casos constitucionales.

• Ley. Las garantías constitucionales son la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, entre otros.