En promedio, cada año y medio en Ecuador ocurre un evento natural de magnitudes, según expertos en gestión de riesgos. Las dramáticas y dolorosas escenas que hace pocos días observó el mundo tras dos desastres que golpearon nuevamente a la población de Haití, trajeron a la memoria el terremoto de 7,8 que sufrió el país, el 16 de abril de 2016. Un sismo que dejó cientos de pérdidas humanas y un millonario perjuicio económico; pero que también puso al descubierto la falta de preparación para enfrentar esas adversidades.

Cinco años después de aquella catástrofe, ¿el país está preparado para reducir los efectos de ese tipo de eventos u otros, especialmente para albergar a damnificados?

 “El terremoto desnudó algunas situaciones bastantes críticas porque esos eventos que son intensivos, es decir, aquellos que ocurren de manera súbita en zonas densamente pobladas y que tienen un alto impacto, lo que desnuda son ciertas crisis de ausencias de cosas que tenemos”, menciona el ingeniero ambientalista Daniel Arteaga Galarza, con más de 40 años de experiencia en el manejo de desastres y riesgos y parte de la organización internacional Esfera.

Según el experto, antes del 7,8 el país no estaba preparado con infraestructuras para albergar a damnificados;y, hasta la actualidad no hay una política pública de alojamientos.

“Ni el Plan del Buen Vivir, ni el Plan Toda una Vida (...) tenían unos ejes claros sobre la gestión de riesgos o eran sólidos (...) en este país cada año y medio, de promedio, existe un desastre de carácter regional o nacional. Desde los años 70 ningún presidente de la República de facto o democrático se ha librado de tener un desastre en su gobierno; sin embargo, a pesar de que los riesgos, los desastres son moduladores de nuestro trabajo, del quehacer político, económico nadie le toma en consideración, los desaparecen de los planes (...)”, resalta.

Recién en abril de 2018, durante la presidencia de Lenín Moreno, se creó el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres RespondeEC, dentro del cual se contempla la función de los denominados Alojamientos Temporales (AT), que permiten proveer protección y servicios a personas afectadas y damnificadas que se han visto forzadas a abandonar sus viviendas ante situaciones de emergencias, desastres y catástrofes, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias    (Sngre), que expidió el documento.

Son un total de 1.479 infraestructuras y 679 terrenos que han sido calificados por la entidad, para funcionar como alojamientos y campamentos temporales. De estas infraestructuras identificadas, el Sngre menciona que actualmente están funcionando 9 AT que fueron activados por la presencia de emergencias.

Como parte de las herramientas de identificación de esos espacios, el Sngre señala que están trabajando en conjunto con la Escuela Politécnica (Espol) en el desarrollo de un Geovisor que permitirá a través de la web visualizar, en un mapa, los lugares donde se encuentran los posibles AT.

La herramienta permitirá a las instituciones que se encuentran involucradas en el manejo de alojamientos temporales el seguimiento de las condiciones, capacidades, equipamiento y otros datos importantes para la toma de decisiones.

Al momento, la Coordinación Zonal 9 del Sngre ha evaluado 33 espacios y durante el semestre de enero a junio de 2021 han recalificado 12 campamentos.

La provincia de Pichincha cuenta con 234 AT, de los cuales 33 cumplen las normas sin observaciones. No requieren ninguna adecuación adicional. Mientras, 128 tienen recomendaciones porque necesitan arreglos menores y mantenimiento. Otros 73 no cumplen con lo fundamental en referencia a infraestructura, accesos, seguridad y capacidad. La provincia    cuenta con 33 campamentos que pueden ser usados en caso de amenazas meteorológicas, terremotos o volcán, de los cuales hay 15 aptos y 18 no aptos.

¿Y cuál es el presupuesto que se maneja para los AT? El Sngre    trabaja con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD),    quienes tienen la competencia de la prevención y gestión de riesgos en sus territorios, establecido en el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Dentro del Manual para la gestión de los AT, emitido el 26 de marzo de 2018, se indica que todas las entidades que cuenten con propiedades calificadas para funcionar como alojamientos temporales con una condición de “sujeto a cumplir con recomendaciones”, deberán destinar un rubro o presupuesto anual dentro de sus planificaciones institucionales, para las respectivas reparaciones y adecuaciones que deben realizarse en épocas de normalidad y de emergencia, según sea el caso. El presupuesto o rubro anual que se destine deberá enmarcarse en los plazos establecidos en la ley, señala el Sngre.

Para Arteaga, los planes estratégicos del país deberían de hablar de políticas de reducción, de respuestas y de recuperación y estar soportado con una Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y su reglamento, para que tenga más fuerza. “Hay que incluir políticas en la planificación que hablen de los riesgos, del manejo de los desastres y del manejo de recuperación y esto de alojamientos temporales”, pues antes de llegar a los AT enumera cinco modelos de albergues para personas que lo requieren producto de esos eventos.

El primer modelo es el acogimiento familiar, que -a decir de Arteaga- resulta más fácil y seguro para damnificados. El segundo que se propone es la contratación temporal de hosterías. Un tercero apunta al pago de la renta de una vivienda, que también resultaría más barato que poner a una familia en un campamento, por el desplazamiento de recursos en servicios públicos, seguridad, entre otros. El cuarto modelo es la entrega de dinero con un acompañamiento de trabajo social. El quinto son los albergues fijos y el sexto, los temporales.

Más allá de lo que se pueda o no predecir para responder al impacto, el Ecuador está en una zona donde hay sismos locales y sismos de placas tectónicas. Hay inundaciones, incendios forestales,    deslizamientos, de los que, a decir del experto, se pueden crear escenarios de afectación para estudiar las amenazas, además de la exposición de la población en su sistema y así tomar decisiones para prevenirlos, reducir los efectos o prepararnos para recuperarnos.

• Detalles 

El más destructivo

El 16 de abril de 2016, el Ecuador sufrió un terremoto de 7,8 con epicentro en el cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, que afectó también a Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Fue considerado el sismo más destructivo en los últimos treinta años. Causó la muerte de 671 personas, mientras que unas    80.000 fueron desplazadas por la pérdida o daño de sus casas. Otras 350.000 personas necesitaron ayuda humanitaria.

Las carpas

El sexto modelo son los campamentos o áreas de refugio temporal, que tienen que cumplir con estándares mínimos que garantice un metraje por cada persona (3,5) por persona para que tenga un área de descanso, reserva de ropa y donde moverse. Una familia de 4 personas debería de tener al menos 15 metros cuadrados, y cuyo tiempo de instalación no debería pasar los tres meses. Dos años después del terremoto, en Manta-Manabí, aún existían    familias que vivían en carpas.

Eventos predecibles

Hay desastres que se pueden predecir como las sequías, la caída de cenizas o ciertas inundaciones que dan un poco de tiempo para la evacuación o toma de decisiones para evitar un mayor impacto en la población. Pero, los tsunamis de origen cercano no dan    tiempo a la reacción inmediata pues estos vienen asociados a un terremoto que hizo daño. En la gráfica el volcán Sangay, en la provincia de Morona Santiago.