La liga azul pende de un hilo. Este lunes 25 de septiembre, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, solicitó la destitución de los consejeros de Participación Ciudadana: Alembert Vera, su presidente; Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, durante la audiencia de seguimiento al cumplimiento del dictamen sobre las resoluciones de blindaje del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

“A pretexto de promover la participación ciudadana no se puede violentar la seguridad jurídica”, manifestó Salazar.

José Luis Arcos, procurador judicial de la Fiscalía General del Estado, expuso varios puntos por los cuales piden la destitución de los consejeros.

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Dijo que en mayo pasado, Vera convocó a Diana Salazar para mostrar los documentos que presentó en el concurso de oposición y méritos para ocupar el cargo de fiscal.

También habló sobre la resolución del pleno del CPCCS en la que acogía una denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular para convocar a Salazar y que presente los documentos que entregó en el concurso.

Vera, con un tono más conciliador respecto a semanas anteriores, indicó que la diligencia consistía en solucionar “aparentes dilemas jurídicos”.

“No se ha realizado por parte de este consejo, ningún acto por el cual se haya pretendido revisar la designación de esta distinguida Corte Constitucional, mucho menos actividades para remoción, destitución, cambio o reemplazo de ninguno de sus miembros, sobre todo porque no es nuestra competencia jurídica, además de existir prohibición expresa de auto tutela institucional, como lo establece el dictamen interpretativo antes mencionado”, manifestó Vera.

Asimismo, indicó que el Consejo que preside no ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado.

El juez de la Unidad Multicompetente de Montecristi, Leiver Quimís, que dio paso a una acción de protección para la conformación de una veeduría ciudadana que observe las resoluciones del CPCCS transitorio, también fue parte de la diligencia.

La jueza de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, le consultó si el CPCCS apeló esa sentencia y si lo hizo en la audiencia o posteriormente.

Quimís explicó que esa entidad presentó una apelación pero fuera de tiempo, por lo que se acogió a la interpuesta por la Procuraduría del Estado.

El presidente de la CC, Alí Lozada, le dijo a Alembert Vera que algunas de sus declaraciones públicas “han ido en el sentido de que estarían de acuerdo con lo decidido con el juez Quimís”. Por ello le consultó si concuerda con el fallo.

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“(Su posición) Ha sido la de respetar de forma irrestricta la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional (...) Que no se dé paso a la veeduría respecto a la posibilidad de que exista el fallo o la violación al dictamen interpretativo”, manifestó Vera.

Y sobre no apelar la decisión del juez Quimís, Vera dijo que se adhirieron al recurso interpuesto por la Procuraduría, y que será parte procesal durante la diligencia por este caso, que se iniciará el viernes 29.

Gary Núñez, coordinador de Control Social, explicó que sigue en marcha la conformación de la veeduría ciudadana, debido a que aún no existe algún fallo que anule este proceso.

Lozada indicó que los comparecientes tienen un plazo de 72 horas para presentar sus descargos y pruebas respecto a lo declarado en la audiencia.

En los próximos días, la Corte Constitucional decidirá el destino de los cuatro jueces.

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