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De la politica a la economia

Si bien la convocatoria al diálogo social y político del presidente Moreno fue bienvenida por las élites y la opinión pública en general, y su resultado final, la convocatoria a una consulta-referéndum, con sus siete preguntas, ha sido muy bien acogida por la mayoría de la población y los actores políticos, no ha ocurrido así con los que añoran el retorno del caudillo y su autoritarismo. Pero parece por las opiniones de los agentes económicos y ciertos líderes políticos aparecidos en medios de comunicación que la propuesta económica no ha tenido la misma suerte. No los ha dejado satisfechos, la consideran incompleta, o son medidas tibias y hasta contraproducentes para ellos; aún incluso después de que el propio presidente dijera que “8 de cada 10 propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se han acogido”, el cual había constituido con representantes de los gremios empresariales para enfrentar la recesión y reorientar el modelo económico. La Agenda Económica planteada por el Ejecutivo en su alocución del miércoles de esta semana señaló que es: “para incentivar el empleo, la protección a la dolarización, la lucha contra el contrabando y fortalecimiento para el Plan Social Toda una vida; y, que no se afecte a la población de atención prioritaria”; y estos, según el ministro de Finanzas, permiten aglutinar las medidas tomadas. Y, agregó: “Para cumplir con nuestras metas económicas no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco vamos a subir el IVA”. No podemos olvidar en el diseño de una política económica los condicionamientos del entorno político. Ricardo Patiño, hombre fuerte del correísmo, dijo: “...lamentablemente Moreno está tomando mucho del discurso de la oposición. Además, me preocupa la falta de cumplimiento a la oferta de campaña”. Pensamos que ante la Agenda Económica propuesta, y a las iniciativas de un plan de austeridad del Gobierno, se debería dejar que las medidas se apliquen totalmente, dando un plazo de seis meses para que se realice una evaluación integral por parte del mismo Consejo Consultivo.

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