Policías y Militares ampliaron este 16 de diciembre su búsqueda de los autores de un ataque cometido el miércoles 14 de diciembre contra efectivos de esos cuerpos en una zona minera de la provincia de Morona Santiago. Tras lo ocurrido murió un agente policial y otros cinco resultaron heridos, al igual que dos militares.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles en el campamento minero La Esperanza, en el sector de San Carlos-Panantza. Según el Gobierno, fueron protagonizados por personas de la etnia shuar que habita en la región, quienes se oponen a la minería y reclaman tierras facilitadas en concesión a empresas mineras.

En los incidentes falleció el agente de Policía José Luis Mejía Solórzano y resultaron heridos cinco policías y dos militares. El ministro del Interior, Diego Fuentes, explicó que los efectivos iniciaron las operaciones para identificar y detener a los responsables de los ataques, al tiempo que advirtió que se hará respetar el Estado de Derecho.

“Existe una clara apología del delito”, dijo en relación a declaraciones de dirigentes de organizaciones sociales sobre lo ocurrido y agregó que “estas personas tendrán que hacerse responsables” de sus manifestaciones. El Ministro recordó que en unos incidentes anteriores, registrados en noviembre, 16 miembros de la fuerza pública resultaron “heridos cobardemente con armas de fuego”.

Las operaciones policiales, según Fuentes, se planificaron adecuadamente con el objetivo de capturar a los culpables para que respondan “ante la ciudadanía” y ente la justicia. El Secretario agregó que las fuerzas desplegadas también garantizarán la seguridad de la provincia de Morona Santiago, donde está vigente el estado de excepción por un periodo de 30 días.

Mientras, los policías heridos se recuperan de sus lesiones, si bien la situación de uno de ellos es crítica, informó el portal El Ciudadano. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) difundieron imágenes de vehículos militares y alertaron “a la comunidad nacional e internacional” para que estén atentas “ante la presencia de la fuerza pública del Ecuador”.

Aseguraron que dicha fuerza está equipada con “armamento bélico, tanques de guerra y otros aparatos militares de represión y ataque”. Estas dos organizaciones, junto a otros colectivos sociales, culparon este jueves 15 de diciembre al Gobierno de los incidentes y solicitaron la mediación de la ONU y de la Organización Estados Americanos (OEA), entre otros, para poner fin a las tensiones. Los colectivos exigieron la retirada del estado de excepción decretado tras los incidentes por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.