El pleno de la Asamblea Nacional arrancó este 17 de noviembre de 2021 el debate sobre el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que investigó la actuación de funcionarios públicos y de las funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria.

Por ahora, continúa la lectura del extenso documento de más de 600 páginas en las que se detallan las omisiones y poca articulación entre las entidades estatales relacionadas al tema penitenciario. El estudio va desde 2016 hasta la actualidad, lo que hace responsables a los últimos tres gobiernos.

De la lectura se desprende que ministerios como el de Salud, Educación, Deportes o Cultura no han cumplido su rol en temas de rehabilitación o atención a los privados de la libertad. También, se establecen responsabilidades en las carteras de Defensa, Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros.

Otras funciones que son mencionada son la propia Asamblea “por la débil política criminal estatal manifiesta en el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el año 2014 y sus consecutivas reformas, no dieron las respuestas necesarias para enfrentar la criminalidad”.

También, hay observaciones a la Función Judicial, específicamente al Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Es decir, todo el sistema estatal habría y estaría fallando, según el informe.

El documento de mayoría contiene 52 conclusiones y 72 recomendaciones sobre la situación carcelaria. Una vez que sea votado y si es aprobado por el pleno de la Asamblea, será enviado a las instancias aludidas para que tomen lo correctivos del caso.