Todavía no están claros los cómo. El cumplimiento de la propuesta de gobierno del presidente electo Daniel Noboa está atado, en gran parte, al resultado de la consulta popular que, según el plan entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE), se hará en 90 días luego de la posesión, aunque ahora se actualizó el plazo a 100 días y podría requerir aún más tiempo.

Temas como seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía y salud tendrían su pregunta en el referéndum del cual poco se conoce salvo dos posibles interrogantes: una sobre la implementación de un sistema de jurados para juzgar al crimen organizado y corrupción y otra sobre la participación de las Fuerzas Armadas ante amenazas terroristas.

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Estas son primordiales para cumplir la propuesta de seguridad que consta en el plan de gobierno de Noboa. Sin embargo, podrían encontrar obstáculos porque deberán superar el filtro de la Corte Constitucional (CC), recordó el abogado constitucionalista Esteban Ron. 

“La consulta popular puede generar dos tipos de obligaciones: las preguntas de referéndum son las que pueden modificar de inmediato el sistema jurídico, pero muchas veces se necesita para su ejecución de herramientas de gestión y puede requerir una enmienda constitucional (en la Asamblea Nacional) cuyo tratamiento, en el mejor de los casos, puede durar ocho meses”, recordó.

Demasiado tiempo para el año y medio que se prevé dure el Gobierno de Noboa que, sin embargo, ya ha empezado a buscar apoyo de otros países como Italia, España y Francia para hacer frente al problema de inseguridad que, hoy por hoy, es la principal preocupación de los ecuatorianos.

Para inscribir su candidatura, Noboa presentó un plan de 76 páginas con cuatro ejes: el social, en el que se incluyó la parte de seguridad y cárceles; el económico que aborda el empleo, reactivación, tributos; el institucional; y producción y medio ambiente.

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El desempleo es el segundo tema que más preocupa a los ciudadanos y a criterio del presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, tiene más enunciados que explicaciones de fondo en el plan de Noboa.

“Todos estamos de acuerdo que hay que generar empleo, pero hay que discutir a qué tipo de empleo se refiere; si a uno digno o uno precarizado y eso no ha dicho”, señaló el dirigente sindical que es consciente de que en el corto periodo de tiempo del gobierno lo que se puede y debe es sentar la bases de mejoras sociales y laborales.

El economista Alberto Acosta Burneo explicó que, a más de la viabilidad de la consulta popular y la voluntad política, el nuevo gobierno deberá tener en cuenta otro factor si quiere cumplir el plan de trabajo planteado: la crisis fiscal y el déficit que va a heredar para este año 2023, con opciones de financiamiento cada vez más escasas.

“Para cumplir las mejoras en salud, educación, que son temas importantes, deberá encontrar la forma de reducir el gasto en otras áreas no prioritarias. Hacer esos ajustes toma tiempo, pero se lo puede hacer con capacidad política, porque va a encontrar trabas”, señaló Acosta.

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