Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Carlos Figueroa y Aland Molestina presentaron este 20 de marzo de 2023 un acción de protección contra cuatro de su compañeros en el organismo.

Específicamente, contra la presidenta Gina Aguilar, el vicepresidente Teddy Tama y los vocales Graciela Mora y Olindo Nastacuaz que son parte de la una mayoría en el CPCCS.

El pedido fue presentado en el Complejo Judicial del norte de Quito y es por la resolución adoptada la madrugada del 10 de marzo con la que se anularon 61 decisiones que tomaron, desde el 18 de noviembre de 2022, los anteriores consejeros que fueron censurados y destituidos esa fecha por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, una acción de protección otorgada por un juez de La Concordia restituyó en su cargos al consejo encabezado por Hernán Ulloa que permaneció en funciones hasta finales de enero que la Corte Constitucional resolvió su destitución por otras causas.

Según Figueroa, sus compañero en el CPCCS se extralimitaron en funciones y violaron derechos constitucionales al tocar 20 resoluciones que corresponden a designación de autoridades; 22 a veedurías ciudadanas; ocho de tipo institucional; y el resto a otras áreas del CPCCS.

"Pedimos que se anule todo lo actuado, que se retrotraiga todo a antes de la decisión de la mayoría de la madrugada del 10 de marzo. Igualmente, estamos pidiendo que se declare la vulneración, se acepte la acción de protección, que pidan disculpas públicas y se capacite a estos cuatro consejeros sobre lo que tienen que hacer en el Consejo de Participación. Ellos debe saber sus competencias", dijo Figueroa.

Pero según Molestina, no todo pasa por falta de capacitación. Cree que más bien hay un interés de "tirar abajo" la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos, para hacer valer la de Raúl González que fue cuestionada por el Gobierno.

"Habría que unir cabos. Recordemos que en la Asamblea Nacional no se ha posesionado al superintendente de Bancos y si se posesionó al anterior a pesar de existir la decisión de un juez que anulo esa designación", señaló Molestina al ser consultado si hay intereses políticos en las decisiones de la nueva mayoría

Los magistrados de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas aclararon el 10 de marzo pasado que la decisión del CPCCS de anular lo actuado por los anteriores consejeros es improcedente.

Según los jueces, la nulidad dictada por ellos a la acción de protección otorgada por el juez de La Concordia, a favor del consejo liderado por Ulloa,  no abarcó a los actos administrativos que ejercieron los exfuncionarios.

Pese a ese pronunciamiento, hasta el momento la presidenta Aguilar no ha convocado a un pleno del CPCCS para analizar y decidir sobre los alcances del pronunciamiento de los jueces provinciales.