Petroecuador: el fiscal coincide con tesis oficial y acusa a todos

Cuatro días fueron suficientes. El fiscal Juan Zúñiga, que asumió el caso de supuesto cohecho en Petroecuador el viernes, encontró los indicios necesarios para acusar a los 18 procesados.

Ayer por la mañana, ante la jueza Karen Matamoros, pidió que 13 sean llamados a juicio como presuntos autores directos y cinco como coautores.

Él incluyó a los siete sospechosos que su antecesor, Jacinto Tibanlombo, se abstuvo de acusar. Después de más de cuatro meses de instrucción, el exfiscal aseguró que “no se ha logrado demostrar su participación en el delito investigado”.

Zúñiga, quien fue nombrado por el fiscal general Galo Chiriboga, sí lo logró.

El dictamen abstentivo costó a Tibanlombo la suspensión del cargo, el inicio de un expediente administrativo y un pedido del Consejo de la Judicatura para que la Contraloría General examine sus bienes.

En el proceso, también implicó la devolución de ese dictamen. Para los abogados defensores, eso era una causal de nulidad. Pero, ayer, la jueza Matamoros desechó ese argumento y declaró la validez de todo lo actuado.

Zúñiga no quiso opinar si la actuación de Tibanlombo fue acertada. “No puedo decir si se ha equivocado o no, él ha emitido su dictamen, conforme a derecho ha sido resuelto por la jueza. No tengo que pronunciarme”, dijo.

Pero sí defendió su capacidad de lectura rápida. Reivindicó su experiencia en la Fiscalía: fue pasante, asistente, secretario de fiscales y ahora fiscal. Gracias a eso, dijo, y a su equipo de trabajo, logró empaparse del caso revisando cada uno de los 128 cuerpos (más de 13.700 páginas) del expediente.

Después de eso, el fiscal concluyó que los autores del cohecho eran el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli; el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo; los contratistas Arturo Escobar, Juan, Jaime y Javier Baquerizo, Ramiro Luque, Arturo Pinzón, Sonia Calero, Glenda Meza y Humberto Guarderas, y Fabricio Yannuzzelli, familiar del exministro de este Gobierno.

Los otros parientes de Pareja y de Bravo, Jelice Herrera, Gorky Rueda, Xenia Panchano, Carlos Pareja Avilés y Yolanda Pareja, podrían ser juzgados como coautores del delito.

Zúñiga explicó que un grupo de servidores de la estatal se asoció para recibir y aceptar beneficios económicos indebidos. Ellos crearon y adquirieron empresas offshore en Panamá, Suiza, Gran Bretaña y Bahamas, captaban dinero de los contratistas, efectuaban transferencias y distribuían el dinero a terceras personas.

Señaló a Pareja como el ‘cabecilla’. Y contó que, junto con Bravo –con su empresa Girbra– abrió una cuenta en Panamá a la que llegaron más de $ 13 millones. Concluyó que los funcionarios aceptaron ‘pagos ilegales’.