Los intereses son evidentes. El proceso de contratación de las pólizas de todo riesgo para la empresa pública Petroecuador está en medio de una pugna.

El episodio más reciente: el 31 de agosto pasado, el juez John Rodríguez Mindiola, de la jurisdicción de Yaguachi, Guayas, pidió a su colega de Balsas, El Oro, Eleuterio Edulfo Aguilar, que revoque las medidas cautelares que solicitó una ciudadana para ordenar a la estatal petrolera que adjudique el contrato de $ 98 millones que ganó La Unión Compañía Nacional de Seguros S. A.

“Se exhorta al Dr. Eleuterio Edulfo Aguilar Heredia, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Balsas, provincia de El Oro, revoque las medidas cautelares”, se lee en un extracto de un oficio del juez de Yaguachi, el mismo judicial que devolvió los derechos políticos a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa sentenciado por corrupción.

Por esa decisión, el juez Rodríguez tiene en su contra una investigación de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricato. También fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción calificada como falta muy grave, con una multa de $ 31.500, la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años y la destitución de su cargo. Sin embargo, la ejecución de las sanciones siguen pendientes debido a que hay una apelación en firme.

El juez de Balsas se acogió al pedido de su colega de Yaguachi y dejó sin efecto las medidas cautelares aceptadas, es decir, aquellas que ordenaban la adjudicación del proceso contractual.

El ‘tira y afloja’ judicial en el caso relacionado con las pólizas de todo riesgo que Petroecuador necesita contratar tiene como antecedente una conversación que quedó registrada en un audio.

En dicho audio filtrado al que tuvo acceso EXPRESO, como se lo publicó el 15 de agosto, se evidencia que en una reunión entre cuatro personas se acuerda sabotear el proceso de contratación de esas pólizas, así como un segundo mecanismo utilizado para obstaculizar las compras públicas.

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Dos semanas después parecería que el plan se cumplió: el juez Rodríguez declaró desierto el proceso con base en una medida cautelar que había sido presentada por Noris Patricia Gómez Alvarado, la exasistente del mismo judicial. Alegó que no se han valorado los bienes por asegurar.

Sin embargo, Gómez denunció que no fue ella quien firmó dicha acción judicial. Alfredo Arboleda, abogado de Gómez, afirmó que la medida cautelar nunca fue presentada por ella y que “hay grupos que quieren beneficiarse”.

El mismo día en el que el juez de Yaguachi presentara su fallo, el 28 de agosto, la ciudadana Doris del Carmen Castillo Romero presentó la medida cautelar en el cantón Balsas, que fue aceptada, pero que en la actualidad no tiene efecto, como consta en los registros judiciales.

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