Pese a los intentos por echar abajo la licitación, la Empresa Pública Petroecuador informó este 30 de agosto de 2023 que adjudicó por los próximos dos años las pólizas de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima a la empresa ecuatoriana La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A.

La aseguradora es la única se presentó en el proceso de licitación LICSG-EPP-003-2023, que se lleva adelante en el Servicio Nacional de Contratación Pública, desde el 31 de julio de 2023. 

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Petroecuador indicó que durante el concurso obtuvo un informe de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado.

“El 29 de agosto de 2023 se acogió la recomendación de adjudicación formulada por la comisión técnica designada para este procedimiento y se procedió a adjudicar el contrato de seguros a la empresa ecuatoriana La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A.”, indica el comunicado.

Para la licitación, Petroecuador propuso un presupuesto referencial de 99’136.443,84 millones de dólares. La adjudicación se realizó con un valor de 98’600.000 millones, es decir una reducción de 536.443 dólares. De acuerdo con la página del Sercop, La Unión recibió una calificación de 100 puntos.

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En los últimos días, la licitación se ha visto entorpecida por diferentes presiones externas. La última es una medida cautelar otorgada por el juez Jhon Erik Rodríguez Mindiola, de la Unidad Multicompetente del cantón Yaguachi. Este juez ordenó que Petroecuador declare desierto el concurso hasta que elabore un estudio del valor asegurable de todos los bienes, el mismo argumento que Hispana de Seguros ha tenido sobre esta licitación.

Jhon Erik Rodríguez Mindiola es el juez que devolvió de forma ilegal los derechos políticos de Jorge Glas, quien cumple sentencias por corrupción, además otorgó la libertad de alias Ariel, líder de Los Lobos y ordenó la excarcelación del exsecretario de inteligencia, Pablo Romero, sentenciado por secuestro. Además fue destituido por el  Tribunal Contencioso Electoral, pero el fallo está en apelación y es procesado penalmente por prevaricato. 

La segunda vía, por donde este contrato ha recibido presión, se reveló tras hacerse público un audio de 48 minutos. Se trataba de una reunión entre el abogado Paúl Auz Jarrín, Pablo Arosemena Mármol, empresario ligado a Hispana de Seguros; Alejandro Egas Aguilera, entonces jefe de Talento Humano del Ministerio de Gobierno, hoy destituido; y otro abogado.

De acuerdo con la grabación, allí Pablo Arosemena Mármol dice: “¿Qué es lo que yo quiero? Que me pidan una extensión, que se caiga el proceso. Y que primero vuelvan a salir con el proceso de valoración de activos, porque es la mejor herramienta para el mejoramiento de la cuenta”.

El abogado Auz, en cambio, llama entregables a dos acciones: echar abajo licitación y conseguir una extensión de la póliza a favor de Arosemena Mármol. “Yo sí considero que debería (haber) un honorario atado a la caída y cumplir ese honorario contra resultado. Yo no te puedo recibir ni un centavo si no es en función de resultados”, dijo Auz.

Por este “trabajo”, Arosemena Mármol dijo que estaría dispuesto a pagar un millón de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación por posible tráfico de influencias y allanó oficinas y casas, incluido el Ministerio de Gobierno, el pasado 16 de agosto. 

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