A otro perro con ese hueso

Está circulando un video en redes sociales que demuestra una clara instrucción militar a civiles, completamente reñida con nuestro ordenamiento legal vigente. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad legal de brindar instrucción militar a civiles cuando estos se someten voluntariamente al servicio militar; o a impartirla a aspirantes a la carrera militar, en la que los preparan profesionalmente para cumplir las funciones inherentes a su cargo.

El Código Orgánico Integral Penal tipifica como delito la instrucción militar ilegal y sanciona a “la persona que imparta o reciba instrucción militar sin permiso de la autoridad competente”, con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Querer disfrazar este video llamándolo “pícnic, curso de defensa personal, taller de oratoria” entre otros, es iluso e insultante a la inteligencia de los ecuatorianos.

El fiscal general lo calificó como “un grave delito que atenta contra la seguridad interna del Estado”, por lo tanto amerita su actuación objetiva e independiente para aplicar todo el rigor de la ley sobre los infractores. Es alarmante que se adiestre a civiles en tácticas de choque para arremeter contra otros civiles, simulando como escenario de esa posible batalla la Plaza Grande, frente al palacio de gobierno. Es inadmisible y bárbaro que siquiera se les haya ocurrido tan deplorable acción, que puede desencadenar en la formación de grupos subversivos que traerán caos y desorden sin límites.

Es absurdo que mientras otros países están por terminar con estos grupos civiles armados, después de largos años de acciones sangrientas entre hermanos de un mismo país, en el nuestro comiencen a promover la formación de grupos con similares intenciones.

El delito no es subir el video a las redes sociales, el delito es impartir entrenamiento militar a civiles sin la investidura legal pertinente, con consecuencias nefastas y de incalculable daño social.

¡Qué pícnic ni qué oratoria! ¡A otro perro con ese hueso! Queremos escuchar al fiscal determinar responsables de semejante delito contra la paz y la seguridad interna del Estado.

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