La Contraloría estableció que, entre 2018 y 2023, la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP) tuvo dificultades para recuperar arroz de la reserva estratégica, de la empresa que contrató para almacenarlo. Según un comunicado del organismo de control, no se impusieron multas al contratista y se identificaron deficiencias en la administración de bodegas y en las gestiones para cobrar cartera vencida.

La Contraloría examinó las operaciones administrativas, financieras y los procesos de liquidación, cierre y transferencia de activos y pasivos de esa entidad al Ministerio de Agricultura.

Según ese ente, la compañía contratada en 2019 para prestar el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado de la reserva estratégica del país, al finalizar el contrato no devolvió a la Unidad Almacenamiento la gramínea y subproductos valorados en 2.9 millones. Lea además: "Productores e industriales temen escasez de arroz"

El informe observa que por la demora en la devolución y por las dificultades para la constatación física del arroz y los subproductos, en octubre de 2022 el liquidador de la UNA EP presentó ante la Fiscalía de Daule una solicitud de actuación fiscal urgente, lo que originó que la Policía allane las instalaciones de la piladora, pero en el lugar no estaban almacenados los 196.278 quintales con productos de la empresa pública. 

Se señala al contratista por incumplir por 1.036 días el cronograma de entregas de los productos a su cargo y no observar sus obligaciones contractuales, como rotar el producto para cuidar su calidad y preservación. Pero, los administradores del contrato no impusieron multas por 145.754 dólares ni solicitaron la terminación unilateral del contrato. 

Se habla además de la administración de los bienes en donde se identificó diferencias por más de 5.8 millones entre los saldos contables y el stock real en las bodegas, sin que en los registros de la Unidad consten egresos o bajas del inventario que justifiquen el uso de las existencias. El equipo de control tampoco encontró documentos que evidencien la ejecución de constataciones físicas a las bodegas de la UNA entre 2018 y 2022. 

Sobre las gestiones de cobro, el informe del examen especial indica que, al 31 de marzo de 2023, la UNA tenía facturas vencidas por hasta 1.922 días, por 123.008. Para el equipo de control los funcionarios no habrían emitido las órdenes de cobro oportunamente, tampoco agotaron los medios para notificar a los deudores ni iniciaron los trámites de ejecución coactiva, ocasionando que la entidad no cuente con recursos para el cumplimiento de sus objetivos.  

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