Los “objetivos y logros” del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción salen a la luz.

El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Edwin Jarrín, fue el encargado de su difusión, durante la segunda comparecencia de los integrantes del Consejo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Jarrín señaló el trabajo de la Secretaría de Transparencia de su institución: 177 procesos remitidos a la Contraloría, 79 a la Fiscalía, 12 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 22 a instancias judiciales y 103 a otras funciones del Estado. También atendió a “4.403 ciudadanos con 581 pedidos y 3.080 orientaciones jurídicas”.

Según él, hay proyectos emblemáticos como la implementación del Modelo de Territorios Transparentes y Participativos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las Brigadas de Transparencia integradas por jóvenes universitarios, así como las Redes Ciudadanas de Transparencia.

Jarrín contó que en el tema rendición de cuentas, el 84 % de las instituciones cumplieron su obligación y “387 medios de comunicación no lo hicieron”.

Resaltó la construcción del Índice de Transparencia, que es un modelo para medir los niveles de transparencia, no solo basados en percepciones y encuestas, sino en evidencias de las instituciones como Sercop, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y las superintendencias.

El Consejo de Participación tiene un presupuesto anual de 12’709.885 y 412 servidores públicos. Las autoridades, es decir los siete consejeros, tienen un salario mensual de 5.009 dólares, según su página web.