La Fiscalía de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presenta, este 29 de enero de 2024, los avances de una investigación sobre una presunta red de corrupción en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

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Ante el juez Renán Andrade Castillo solicita que se vinculen a 18 personas, quienes habrían participado de un proceso de contratación pública lleno de irregularidades. La investigación comenzó a partir de la denuncia de Fernando Villavicencio, exlegislador asesinado en agosto de 2023.

De acuerdo con la investigación, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas del periodo de 2019 abrió una licitación para la construcción del muelle 3 y reforzamiento de los muelles 2 y 3,

Entre los requisitos, la entidad pública solicitó que la contratista tenga domicilio en Ecuador y todos sus documentos en regla. Según la Fiscalía, el 7 marzo se adjudicó el contrato a la compañía Grupo Industrial JPDR sin que cumpliera los términos de referencia. No tenía domicilio tributario ni estaba domiciliada en Ecuador. No contaba con permisos para operar en Ecuador. De hecho, recién el 18 de abril del año 2019 se domicilió en el país, el 19 de abril abrió su RUC y el 25 de abril del año 2019 dio inicio a sus actividades.

“Por lo tanto la comisión técnica no debió tomar en cuenta esta oferta para la licitación de la obra. Al momento de presentar la compañía un Grupo Industrial JPDR aún no contaba con permiso para operar en el país, ni su constitución estaba perfeccionada en el registro mercantil, así como tampoco estaba legalizado ningún documento que otorga a Erika Alexandra Galarza Baque el poder para representarla, peor aún contaba con domicilio fiscal ni RUC, conforme se solicitó en los pliegos realizados por Rafael Intriago y aprobados por el señor Gino Saúd gerente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas”, señaló el fiscal en la audiencia de formulación de cargos, el 18 de octubre de 2023.

Para la Fiscalía, la empresa fue constituida únicamente para ganar ese contrato y para beneficiar a funcionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y a terceros. La entidad dice que el perjuicio para el Estado es aproximadamente de 3,9 millones de dólares, que constituye el anticipo que se le pagó a la empresa.

En este caso están ya procesados Rafael Intriago, quien elaboró los pliegos y además fue presidente de la comisión técnica y gerente general de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Gino Saúd, exgerente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Cristina Montenegro, miembro de la comisión técnica, Ivan Rhor, gerente del grupo JDPR; Erika Galarza Baque en calidad de apodera del grupo JDPR y otras siete personas.

En esta red de corrupción se presume que también hubo falsificación de firmas y documentos, pues el señor José Luis Delgado San Martín, de nacionalidad mexicana,y quien es representante de JPDR nunca ha viajado a Ecuador, según sus movimientos migratorios. Sin embargo, el 28 de enero del año 2019 constan documentos firmados por este ciudadano y presentados en la oferta de JPDR.

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