Una defensa dividida. Los conflictos internos en el Consejo de Participación Ciudadana se reflejan en su intento de sortear las acusaciones de un supuesto incumplimiento de funciones que señala a los siete consejeros. Esto se evidenció en la continuación de la etapa de pruebas de cargo y de descargo que el proceso de fiscalización contempla y servirá para la elaboración del informe que recomiende o no su enjuiciamiento político.

Sobre el conflicto de intereses en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, la consejera de mayoría interpelada, María Fernanda Rivadeneira, indicó que el informe de verificación de requisitos fue aprobado por el Pleno aún presidido por el expresidente de la institución, Christian Cruz, y los consejeros, Francisco Bravo, David Rosero y Juan Javier Dávalos. “No soy responsable de estas acciones que se me imputan”, dijo.

Asimismo, el actual presidente del Consejo, Hernán Ulloa, explicó que él no era miembro titular de la institución durante la conformación del equipo técnico del proceso y que el afectado por el conflicto de intereses (Christian Cruz) es quien debió excusarse del proceso y que no debió afectar a todo el Pleno del Consejo.

Por otro lado, sobre el cambio del reglamento al proceso de selección y designación del contralor del Estado, Ulloa señaló que en la administración de la expresidenta de la institución, Sofía Almeida, el secretario de la comisión ciudadana de selección era nombrado a partir de una terna enviada por ella y que la modificación al reglamento era para mantener la independencia de dicha comisión. Rivadeneira, por su parte, indicó que no hay normativa que prohíba la reforma.

Ulloa también defendió la modificación del reglamento, aduciendo que antes las preguntas para la sustentación de los postulantes eran conocidas por los aspirantes y que la reforma cambió eso para la rigurosidad del proceso. Asimismo, Rivadeneira recordó que Almeida aún era funcionaria de la Contraloría cuando, como presidenta del Consejo, aprobó el reglamento inicial del proceso.

Por su parte, en una intervención corta, los consejeros Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos se defendieron ante la Comisión de Fiscalización. Dávalos señaló que las imputaciones hechas en su contra sucedieron a raíz de la remoción de Almeida de la presidencia del Consejo. Además, ella indicó que las modificaciones al reglamento para el proceso de la Contraloría nunca fueron entregados por una organización externa, como adujo Ulloa.

EL NOMBRE DE CAICEDO REAPARECE

Durante su comparecencia, el exintegrante de la comisión técnica para el proceso del superintendente de Ordenamiento Territorial y exasesor de Sofía Almeida, Alejandro Gallo, trajo a colación que el actual consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, y la asesora jurídica de Presidencia, Karen Sichel, “imponían los cambios en el reglamento”. En su momento, Caicedo indicó a este Diario que sus conversaciones son para la “coordinación interinstitucional” entre funciones del Estado.