Sensibilidad o ganas de librarse de la destitución. La renuncia del excontralor Pablo Celi, investigado por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres, tiene varias lecturas desde la Asamblea, en donde se han presentado dos juicios políticos en su contra.

Wilma Andrade, legisladora de la Izquierda Democrática, opina que la salida del contralor, quien espera que se le permita asistir personalmente a esa interpelación, no impide continuar con el juicio político en trámite. “Lo que hace es evitar la destitución”, pero deja abierta la posibilidad de que sea censurado tras el juicio político.

Reconoce que el vacío legal para nombrar a un encargado persiste porque, aunque Celi se haya ido, desde la cárcel nombró a un subrogante, y no estaba impedido para hacerlo.

De aquí lo que se viene, de parte de la Asamblea, es hacer una interpretación al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que pudiera estar lista en alrededor de un mes. Insiste en que el tema del subrogante debe ser analizado jurídicamente, porque no es ético ni procedente.

Añade que la salida política tiene que estar a la par de la salida jurídica y pensarse en una solución a futuro.

En todo caso reconoce que el excontralor, preso en la Cárcel 4 de Quito por integrar una presunta estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas para el desvanecimiento de glosas, tomó conciencia de que no le puede seguir causando problemas a la Contraloría.

Un proyecto de ley interpretativa pudiera ser trabajado desde el Consejo de Participación Ciudadana, pero la consejera Ibeth Estupiñán dice que ese organismo no lo hará. Lo que sí hará es conocer hoy la renuncia de dos páginas enviada el lunes a las 16:00 a Participación y a la Asamblea. Aunque el tema no se encuentra en el orden del día, está previsto que el documento lo haga conocer Secretaría en la sesión prevista para las 15:00. Hernán Ulloa dijo que si es que alguien mociona, se lo conocerá.

Del lado del Consejo, en el caso del contralor, Estupiñán señaló que siguen con la socialización del reglamento, para luego solicitar los recursos al Ministerio de Finanzas y dar inicio al concurso.

El sábado pasado Participación difundió el borrador del reglamento para la elección de contralor e inició la recolección de aportes ciudadanos al documento.

En su renuncia, el contralor dejó en claro que su decisión de separarse de la Contraloría que ocupó tras la salida del Carlos Pólit, involucrado en corrupción en el caso Odebrecht y sentenciado por concusión, no se relaciona con el llamado al juicio político en la Asamblea Nacional.

Celi aprovechará para ejercer su derecho y el deber de la rendición de cuentas, algo “que he proclamado y respetado siempre como un principio fundamental del ordenamiento democrático, exponiendo verdades al país”.

Julio Villacreses, uno de los fundadores de la Comisión Anticorrupción en Manabí, afirma que la renuncia del contralor no “soluciona la crisis de la acefalía que vive la institución”.

Menciona una serie de inconvenientes que afrontan en provincias con el trabajo de la Contraloría, lo que llevó a que muchos procesos caduquen. En el caso de Manabí, asegura que “escondieron su propio trabajo”. Para él, no es solo Celi el problema, sino “desbaratar el andamiaje dejado por Pólit”. Reconoce que hay funcionarios honestos que determinaron glosas e indicios de responsabilidad penal, pero cree que en Quito y Guayaquil negociaron el trabajo de los auditores en su provincia.

Los rastros de las posibles ilegalidades en el aparente desvanecimiento de glosas están en decenas de chats intercambiados por Celi con otros funcionarios de la Contraloría y con contratistas que habrían pagado millones de dólares para el desvanecimiento de responsabilidades.

El detalle

Defensa. En un comunicado, la exsubcontralora Valentina Zárate señaló que a pesar de no estar en el ejercicio público, demostrará su correcta actuación.

Vinculación

Dos nuevos sospechosos

El caso Las Torres, que investiga la Fiscalía por posible delincuencia organizada, tendrá 15 procesados.

Ese organismo solicitó a la Corte que fije día y hora para vincular al expediente abierto en contra de Pablo Celi y otros a Martha Barrezueta y Mauricio Orellana. Presume que hay elementos de su posible participación.