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País pródigo en leyes, pero de baja aplicación

Más de 200 normas se han aprobado en estos trece años. Recién hace dos se conformó un sistema para su seguimiento

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Legislación. En estos 13 años se han hecho en la Asamblea 18 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).HENRY LAPO / EXPRESO

Más que cantidad, lo que falta es calidad y, sobre todo, aplicación. Desde 2009, cuando empezó a operar el Parlamento con el nombre de Asamblea Nacional, han entrado en vigencia 17 leyes por año en el país, en promedio.

La última, el viernes pasado. En el Registro Oficial se publicó la Ley que Regula la Interrupción del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación. Entró en aplicación con las observaciones hechas por el Ejecutivo.

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Pese a la cantidad de normativa que se produce, en el país se sigue debatiendo si problemas como la inseguridad, el despunte de la economía y la escasez de empleo se podrían resolver creando nuevas leyes. El Gobierno sostiene que para este último punto es necesario un nuevo Código Laboral que reemplace al vigente, desactualizado desde su perspectiva.

Libia Rivas, exsecretaria de la Asamblea y actual directora del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, dijo que si se toma en cuenta solo desde julio de 2009, cuanto entró en funcionamiento la Asamblea, se han aprobado 221 normas, pero son 248 si se parte desde el 27 de octubre de 2008, cuando empezó a trabajar la primera comisión legislativa, luego de la aprobación de la Constitución de ese año.

“Leyes existen. Pero en sí mismas no son la solución a los problemas si es que los que estamos llamados a cumplirlas y la estructura estatal no velan porque se cumplan”, le comentó Rivas a EXPRESO.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), considera que el país cuenta con una “telaraña normativa” que, sin embargo, tiene un deficiente cumplimiento, sin contar que muchas de las leyes están mal redactadas o chocan con otras vigentes.

“En el país se da el caso de normas inferiores a las que las autoridades les dan más fuerza y jerarquía que a la propia Constitución. Para muestra, lo que sucede con el mismo Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que no tiene un asidero normativo y sin embargo tomó decisiones por encima de la ley”, señaló Alarcón.

Al respecto, la Asamblea Nacional todavía no ha logrado aprobar el proyecto de ley para el manejo de emergencias sanitarias propuesto por la Comisión de Salud, luego de que el Gobierno retiró la propuesta de Lenín Moreno con la promesa de presentar otra, algo que nunca sucedió.

¿A quién le corresponde hacer cumplir las leyes? Tanto Rivas como Alarcón coinciden en que cada instancia involucrada en la norma debe hacerlo, pero especialmente los ciudadanos. “El primer filtro que debería funcionar es el de la Corte Constitucional, pero evidentemente este recién se activa cuando alguien presenta una acción de inconstitucionalidad; por ejemplo, por contradicción de norma”, explicó Alarcón.

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Desde mayo de 2021, con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entró en funcionamiento el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Leyes. Paulo César Gaibor, coordinador de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), dijo a este Diario que esta instancia tiene como objetivo analizar y recomendar reformas legales, mejorar las políticas públicas y la prestación de servicios con base en las leyes aprobadas, o incluso iniciar acciones de control político.

En la actualidad se encuentran en análisis cinco leyes que han sido aprobadas entre 2015 y 2020 (ver gráfico). “Por ejemplo, estamos en análisis de la Ley Amazónica para determinar, con base en información de los propios beneficiarios y las autoridades estatales, cuáles han sido los problemas que han impedido una adecuada aplicación de la norma”, manifestó Gaibor.

Por la misma ruta van las leyes sobre Movilidad Humana, la de Apoyo Humanitario (aprobada a propósito de la pandemia) y la Ley para Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En cola. Una de las normas que están en espera por la crisis legislativa es la que trata sobre el uso progresivo de la fuerza.

  • Cambios. En estos 13 años se han hecho en la Asamblea 18 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

  • Ajustes. También se han aplicado 15 cambios a la Ley de la Función Judicial y ocho al Código General del Procesos.

  • Disputa. Una de las causas del distanciamiento entre Ejecutivo y Legislativo es precisamente el trámite y aprobación de leyes.