Con los tiempos encima. Los bloqueos, suspensiones y aplazamientos en la Asamblea Nacional, a causa de la crisis interna que atraviesa el organismo, han puesto a varios proyectos de ley en zona de peligro, mientras otros empiezan a ver la luz a paso lento, empujados por la coyuntura y los apuros.

Ese fue el caso de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social que fue objetada por el presidente Guillermo Lasso el 8 de febrero pasado y que el Legislativo tenía 30 días para resolverlo, antes de que entre en vigencia por el ministerio de la ley.

En la maratónica sesión del jueves 9 de marzo este fue incluido en uno de los puntos del orden del día. El debate para ratificarse en algunos artículos y allanarse en otros fue breve porque, además de la urgencia por evacuar la normativa y evitar que quede íntegramente como la vetó el presidente Guillermo Lasso, había un tema más urgente para apaciguar los ánimos políticos: las amnistías para 268 personas.

Desde el 24 de febrero pasado, día en que la presidenta Guadalupe Llori suspendió la sesión en la que se intentó cambiar el orden del día para proponer la conformación de una comisión que evalúe su trabajo y luego fue apelada su presidencia, el trabajo del pleno de la Asamblea fue casi nulo por casi dos semanas.

Ese día debió tratarse el primer debate del proyecto de ley para regular el uso progresivo de la fuerza, tema que a inicios de año tomó relevancia por la ola de violencia que vive el país, pero que por las pugnas internas en el Legislativo se ha ido quedando en segundo plano.

El legislador de Pachakutik, Darwin Pereira, reconoció que hay varios temas que tienen los plazos justos para ser tratados por la Asamblea y que los han puesto contra las cuerdas. “Si por mala suerte no se lograba tratar el veto parcial a la Ley de Vivienda de Interés Social habríamos fallado a los ciudadanos que esperan que los legisladores se pronuncien ante una objeción presidencial”, dijo Pereira a EXPRESO.

La zozobra también rondó a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). La Corte Constitucional (CC) dio hasta ayer, 13 de marzo, para que se debatan y ratifiquen o eliminen los artículos referentes a la equiparación salarial y la jubilación especial de los maestros.

El informe para primer debate fue aprobado el 26 de febrero y presentado a la presidencia de la Asamblea, pero recién el 9 de marzo el pleno conoció el documento, cuatro días antes de que concluya el plazo para que sea votado en instancia definitiva. El pleno abordó ayer este documento.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, lamentó que la crisis interna de la Asamblea haya puesto en peligro y causado mucha inquietud en el magisterio que esperaba tener respuestas claras sobre cómo quedarán finalmente los cambios a la LOEI.

Otro tema que avanza lento es la derogatoria de la reforma tributaria que fue presentada a finales de noviembre de 2021. En enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sugirió que se consulte a la CC sobre la competencia para abordar el tema, pero primero debía pasar por el pleno.

El 26 de febrero, Llori incluyó en el orden del día el debate de una resolución para evitar que el CAL archive la propuesta, pero ese día los bloques de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y los disidentes de Pachakutik no dieron cuórum para la sesión.

Recién el pasado miércoles, como parte de los acuerdos para sostener a Llori, la Asamblea resolvió que no haría la consulta a la Corte Constitucional, respuesta que podría tomar meses, sino que el CAL debe calificar la propuesta y seguir el trámite legislativo correspondiente.

Salvador Quishpe, que es uno de los impulsores de la derogatoria, lamentó que pese a que este es uno de los pedidos ciudadanos más recurrentes, no haya avanzado con agilidad en el Legislativo.