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El pais exige la verdad
El caso Assange tiene varias aristas, cada una de las cuales deben ser analizadas y resueltas con serenidad, con coherencia, porque de por medio se encuentra el buen nombre de nuestro país. Todos los asuntos en la vida tienen defensores y detractores. Y este, por razones obvias, no es la excepción.
El australiano “ecuatoriano” Assange para ciertos fundamentalistas es un “héroe defensor de la libertad de expresión”. Para otros sectores de opinión es un “hacker que cometió delitos comunes”, y no políticos, en Suecia y en Gran Bretaña, razón por la que el Ecuador no debió concederle asilo político. Pero uno de los aspectos que más nos interesa a los ecuatorianos, de manera primordial, es que se esclarezca en forma cierta, sin dilatorias, sin leguleyadas, cuáles fueron los fundamentos constitucionales, legales o de la naturaleza que sean para que nuestra Cancillería le haya concedido, como le concedió, la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.
El hombre de a pie sabe que para la concesión de nuestra nacionalidad se requieren requisitos tales como haber vivido en el Ecuador durante cierto tiempo, el cual lo determina la ley; haber prestado servicios relevantes y de gran significación a nuestro país; haber rendido examen para conocer su dominio del idioma español, en caso de que las condiciones del peticionario así lo demanden. Estas exigencias legales no las reúne Assange. Además, el país exige porque tiene pleno derecho a ello, que se le diga por qué Assange tiene una cédula como ciudadano ecuatoriano en la que consta que vive en Chaupicruz, parroquia de Quito, lo que no es verdad por mil razones.
Los funcionarios que actuaron de esta manera ilegal y absurda no pueden “pasar de agache”, como que si nada hicieron, La sociedad ecuatoriana no puede ni debe ser maltratada de esta manera. Con nuestra nacionalidad no debe jugarse. Si esto queda “en la penumbra vaga”, como por desgracia quedan mil y un casos de corrupción, mañana se le podría dar la nacionalidad ecuatoriana al Chapo Guzmán...
´Haber rendido examen para conocer su dominio del idioma español, en caso de que las condiciones del peticionario así lo demanden’.