- A la luz de las acusaciones entre el fiscal Carlos Baca y el presidente de la Asamblea, José Serrano, ¿el fiscal sería un buen candidato para empezar la evaluación de autoridades?

- El Consejo de Participación Ciudadana de transición no puede descartar ninguna de las autoridades designadas por el anterior Consejo. Todos los hechos que estamos viviendo son una clara muestra de cómo la falta de profesionalismo y transparencia en el manejo han afectado el ejercicio de la función pública. Más allá del resultado de las investigaciones, cabe preguntarse qué tipo de administración y de autoridades son las que queremos.

- Pero habrá autoridades cuya evaluación será prioritaria...

- Creo que aquellos temas vinculados con la administración de justicia son prioritarios. Habrá que ver qué información tiene el Consejo de Participación Ciudadana para requerir la información y que la evaluación sea la más eficiente. Es esencial que en el menor tiempo el Consejo transitorio defina una hoja de ruta que establezca aquellas autoridades consideradas de entrada en función de estas evaluaciones.

- ¿Seis meses serán suficientes?

- Definitivamente el tiempo no es suficiente. No solo los seis meses para la evaluación, sino el año, en términos globales, que existe para cumplir con todas las atribuciones. De ahí la responsabilidad que tendrán los elegidos para actuar responsable y eficientemente.

- Para la evaluación deben redactar un reglamento. ¿Cuáles cree que deberían ser los indicadores para la evaluación?

- Lo primero será establecer una serie de indicadores que nos permitan definir de manera clara, precisa y objetiva cómo vamos a hacer la evaluación. Habrá que considerar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales, en primera instancia. Segundo, el desglose que de esas atribuciones establece la ley y el manejo en términos de transparencia que ha hecho de la información. También la probidad con la que se ha actuado en el ejercicio de la función pública.

- La otra misión es presentar sugerencias de reformas para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Por dónde empezaría?

- Lo primero será revisar aquellos reglamentos creados por el Consejo cesado para entender lo que no se debe hacer. Claramente esos procedimientos facilitaron el clientelismo. Habrá que establecer un nuevo mecanismo que garantice la participación de la gente más capaz e idónea. Luego, establecer una serie de políticas públicas adicionales, y allí creo que el trabajo del Frente de Transparencia puede ser un insumo para mecanismos de control para la promoción de transparencia, lucha contra la impunidad, desarrollo del sistema educativo, que viabilicen la recuperación de la institucionalidad del Estado.