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Pablo Celi está entre los ocho detenidos por investigaciones de corrupción en Petroecuador

Las acciones involucraron al menos 25 allanamientos en Guayaquil y Quito. Se incautaron documentos, dinero y cajas fuertes

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Acción. Miembros de la Fiscalía y la Policía durante los allanamientos efectuados esta madrugada por actos de corrupción en Petroecuador.René fraga

Allanamientos, detenciones, incautaciones, son parte de las diligencias efectuadas entre la noche de este lunes 12 de abril de 2021 y la madrugada de este miércoles 13. Las acciones concluyeron con la ejecución de las detenciones del contralor subrogante Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones, entre otros sospechosos en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada que involucra a la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia. 

Las órdenes de detención se giraron como respuesta a un acto urgente solicitado por la Fiscalía que, entre otras cosas investiga una aparente exigencia de pagos a la empresa No Limit, contratista de Petroecuador en la que se ha involucrado al contralor y al exsecretario de la Presidencia.

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Los sospechosos fueron aprehendidos en al menos 25 allanamientos ejecutados en Quito y Guayaquil. Los actos de corrupción involucran a las tres entidades. Entre los indicios levantados en las acciones se encuentran documentos, dispositivos electrónicos, cajas fuertes, dinero en efectivo, información financiera, computadoras, celulares, entre otros.

Dos personas fueron detenidas en allanamientos ejecutados a dos viviendas en Puerto Azul y a oficinas en Samborondón. Al menos 25 equipos son liderados por fiscales en coordinación con la Policía. Además de Celi y Briones, fueron aprehendidos también familiares y una exasesora de un exgerente de Petroecuador. Hay al menos 32.580 dólares en efectivo incautados.

En coordinación con la Fiscalía la Policía detuvo al contralor y a otros sospechosos quienes fueron llevados a la Unidad de Flagrancia de Quito. El operativo se denominó 'Las Torres' y responde a una investigación iniciada en junio de 2019, hace casi dos años. 

El presidente Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter señaló: "He tenido conocimiento de las detenciones y allanamientos sucedidos esta madrugada. Como ha sido mi costumbre desde el primer momento, mi respeto a la independencia y autonomía de las funciones del Estado".

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Criterio que fue compartido por el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, quien señaló que el gobierno de Moreno se ha caracterizado por el respeto a las funciones del Estado. Mostró la apertura del Ejecutivo a brindar toda la colaboración que sea requerida. 

POR LA MAÑANA

Desde antes de las 06:00, abogados empezaron a desfilar por la Unidad de Flagrancia de Quito, para conocer detalles del caso que involucra al contralor subrogante Pablo Celi, uno de ocho detenidos esta madrugada por posible delincuencia organizada. Entre ellos Juan Pablo Ortiz y otros dos juristas quienes podrían defender a Natalia Cárdenas, exasesora en Petroecuador.

También estuvo Alejandro Rodas quien se identificó como representante de los perjudicados de la Contraloría para formular acusaciones de corrupción contra Celi. Al momento (cercar de las 11:00) en Flagrancia los ciudadanos son sometidos a chequeos médicos mientras se espera una hora para la formulación de cargos en la Corte Nacional.

LA CAUSA

En su cuenta Twitter la Fiscalía informó que las detenciones se dieron dentro de un expediente abierto en junio de 2019. Ese mes fue detenido en Estados Unidos, Raúl de la Torre Prado, exfuncionario de Petroecuador en el exterior y un empresario de bienes raíces, quienes se declararon culpables en ese país de lavado de dinero recibido por sobornos relacionados con contratos de la estatal petrolera por alrededor de tres millones en coimas. Del contralor Celi la sospecha es que habría desvanecido glosas en materia petrolera. Son al menos 14 las órdenes de detención con fines investigativos que solicitó la Fiscalía.

La audiencia en el caso debe fijarse hasta la madrugada de este miércoles. Por el fuero del que goza el contralor se realizaría ante un juez de la Corte Nacional.