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Pablo Celi espera que este jueves los jueces le permitan defenderse en libertad

Un tribunal de la Corte Nacional anunciará a las 12:30 si acepta o rechaza las apelaciones a la prisión preventiva dictada contra siete sospechosos

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Cargos. El pasado 13 de abril fue detenido el contralor Pablo Celi junto con otros ocho sospechosos de delincuencia organizada.CORTESÍA

El contralor subrogante Pablo Celi pide a los miembros del tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia que le permitan defenderse en libertad. Este jueves 14 de mayo los jueces anunciarán su resolución sobre las apelaciones que presentaron siete investigados por posible delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres.

Revocatoria o confirmación de la prisión preventiva son las únicas alternativas. La medida fue dictada el 14 de abril en contra de Pablo Celi y su hermano Esteban, José Agusto Briones y su hermano Luis Adolfo y otras tres personas detenidas. Celi se encuentra en la cárcel 4 de Quito. Desde ahí pidió, a través de una carta, que los jueces le permitan defenderse en libertad.

"Señores jueces, en ejercicio del trato justo, espero se me permita defenderme en libertad, a fin de colaborar con el total esclarecimiento de los hechos materia de este proceso judicial y transparentar ante el país la legalidad y ética de mis actuaciones", señaló en el último párrafo de su carta.

En la misiva cuestionó las actuaciones que llevaron a un violento allanamiento de su domicilio y posterior apresamiento "sin que exista ningún elemento de flagrancia que los justifique", señaló. 

JUAN PABLO ORTIZ

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Además dijo que se dio una invasión agresiva a su privacidad sin un mínimo cuidado a los derechos humanos. Manifestó que eso dio paso a una cadena de hostigamientos, incluido un allanamiento a la casa de su madre fallecida y de su hermana en condiciones hospitalarias críticas. 

Para él todo eso atenta contra la transparencia del proceso, abandonándolo a la unilateralidad de acusaciones infundadas. Dijo que al estar privado de la libertad se limita su capacidad de respuesta como autoridad cuestionada que incluye la organización de su asistencia legal adecuada.

En la audiencia de apelación la fiscal Diana Salazar pidió que la prisión sea ratificada porque existe un posible riesgo de fuga.