Cambio de estrategia. La oposición movió y removió ayer la actividad legislativa con la intención no solo de apuntar hacia el oficialismo por la confesión de sobornos que hiciera el brasileño Marcelo Odebrecht, sino además de dejar el gatillo en manos de la bancada verde flex.

La investigación política para poner nombre a los ‘amigos secretos de Odebrecht’, como la oposición se refiere a los funcionarios de Gobierno que recibieron coimas de la compañía a cambio de contratos con el Estado, se abre camino a través de dos vías.

La primera es el juicio político al vicepresidente Jorge Glas, que impulsará el asambleísta Diego Salgado (CREO) por la responsabilidad política del aspirante a la reelección en las áreas estratégicas, salpicadas por las denuncias de Petroecuador y Odebrecht. Para solicitar el juicio, Salgado se declaró ayer en la tarea de recoger las 37 firmas necesarias, un número que puede completar con suficiencia entre independientes y opositores. Consultados por EXPRESO, todos los bloques legislativos se dijeron dispuestos a intentar el segundo juicio político de la Legislatura (el primero fue uno fallido contra el exministro de Educación Augusto Espinosa).

La expectativa es baja, bajísima. Virgilio Hernández, una de las voces legislativas verde flex más difundidas, calificó ayer la iniciativa como “un show electoral” y acusó a Salgado, quien pretende ser reelegido, de “buscar 15 minutos de fama”. Una decena de representantes de la mayoría consultados por este Diario negaron anticipadamente el paso a un eventual juicio político.

Eso es, precisamente, lo que busca la oposición. A 10 días del inicio de la campaña electoral, el juicio político intentará empujar al oficialismo a verse obligado a negarse públicamente. “Los cien votos les servirán para frenar el juicio, pero no podrán seguirse lavando la cara”, dijo uno de los representantes de CREO que acompaña a Salgado en su iniciativa.

Menos áspera ha resultado la segunda vía: una comisión multipartidista que, paralelamente a la gestión de la Fiscalía, viaje a Estados Unidos para conseguir los nombres que detalla el informe. La propuesta de Byron Pacheco (Avanza) fue dirigida ayer a todos los partidos con representación parlamentaria: “Esta no debe ser una comisión de la oposición. Debe ser una comisión de la Asamblea Nacional”, dijo en conversaciones con este medio. Pacheco no busca la reelección.

La movida resulta inédita: en 10 años, oposición y oficialismo no han colaborado de forma conjunta en una investigación. Mucho menos en una que podría tener un alto costo electoral para el partido de Gobierno. Pero ayer dio los primeros pasos para cristalizarse.

Lourdes Tibán se puso a disposición como representante de Pachakutik para una comitiva que, a su juicio, podría evitar “el paso de tortuga” de la Fiscalía. Para eso, aseguró que es necesaria la participación del oficialismo. “Tanto que hablan de pacto ético: aquí los queremos ver. Tienen la oportunidad de validar con acciones sus discursos”.

En el mismo sentido se expresó el delegado de CREO, Salgado, quien tiene nulas esperanzas en el trabajo que pueda llevar a cabo la Fiscalía, una vez que esta ha anunciado que mantendrá la investigación en reserva.

El Partido Social Cristiano, en voz de su jefe de bloque Henry Cucalón, se ha mostrado “de acuerdo con que se forme la comisión” para abrir una vía política de investigación en el exterior. Aunque todavía deben ponerle nombre al delegado.

La llave que cierra o abre esta puerta, como cualquier tema que pase por la Asamblea, reposa en manos del oficialismo, donde la numerosa bancada aún no armoniza su postura.

Aunque ninguna voz verde flex se opone directamente a la comisión multipartidista, algunos como Alexandra Ocles han mostrado sus dudas sobre el procedimiento: “Respeto la propuesta de Pacheco, pero hay que ver si es procedente, si están en el marco de lo que tiene que hacer la Asamblea”.

El debate no hará falta. La cuota de Alianza PAIS en la comitiva será el legislador Christian Viteri, quien ha llevado la investigación de Petroecuador en el Pleno, según él mismo dijo a este Diario.

La participación de Viteri, que ha quedado aislado en su propio partido, completa un arcoíris político que podría marcar nuevos ritmos y velocidades en una investigación que, de momento, está monopolizada por la Fiscalía. Pero, sobre todo, sería pública.

No está claro si PAIS, un partido donde nadie se sabe con la última palabra en la Asamblea, dará paso en el Consejo de Administración Legislativa a una iniciativa como esta, o si desautorizará o avalará a Viteri como su delegado en una comisión multipartidista.

Pero la incipiente comisión, a decir de Pacheco, debe iniciar de inmediato. El martes próximo podría formalizarse el anuncio en el seno del Legislativo. Y el viaje, que todos los involucrados han aceptado financiar con sus propios recursos, debería seguir a continuación.

La responsabilidad política de poner nombre a los corruptos queda entonces en la cancha de Alianza PAIS.

Las claves

El informe

Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión por sobornos, confesó en EE. UU. haber pagado coimas por 33,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno ecuatoriano para recibir contratos por $ 116 millones entre 2007 y 2016.

La empresa

Odebrecht es una de las constructoras más grandes del planeta. En Ecuador registra contratos por más de 3 mil millones de dólares. De los ocho: seis son con el Gobierno central y dos con el Municipio de Quito.

La acción

La Fiscalía solicitó información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde reposa la confesión explícita de Odebrecht; así como a la Fiscalía de Brasil, que ha llevado la investigación. Tendrá carácter reservado.

Aludio

El vicepresidente Jorge Glas rompió el silencio: “actuaremos con toda la firmeza. Hemos actuado siempre con transparecia”, dijo sobre el caso, que calificó de “muy delicado”.