Una quincena de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer entregaron este jueves 31 de octubre en la Corte Constitucional de Ecuador solicitudes de audiencia para esgrimir sus alegatos a favor del aborto por violación.

En una comparecencia antes de entregar un escrito en el que constan los nombres de las quince organizaciones y otros tantos pedidos de vista pública, la abogada Angélica Porras, manifestó que la solicitud se produce “a propósito del veto por inconstitucionalidad que ha hecho el presidente de la República (Lenín Moreno)” sobre una posible reforma del código penal.

Acompañada por otras representantes de la denominada Coalición de Mujeres, la letrada señaló que las organizaciones piden a los jueces que “hagan las observaciones constitucionales y se decidan por el derecho de decidir de las mujeres y acepten la causal de aborto no punible” en caso de violación.

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En este sentido, las organizaciones solicitan que se les permita expresar en una audiencia sus elementos a favor de la despenalización del aborto por violación, en momentos en los que la instancia judicial debe dilucidar sobre la constitucionalidad de ampliar los supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre las organizaciones firmantes de la solicitud figuran Acción Ciudadana por la Democracia, Fundación Desafío Quito, Red Ecuatoriana de Fe Quito o la Unión Nacional de Educadores (UNE), también de la capital, aunque también se incluyen ONG de Guayaquil.

Organizaciones de mujeres entregaron el martes 29 de octubre, en la misma Corte, ‘guaguas’ de pan embarazadas, en un acto simbólico para reclamar que se analice el aborto por violación, a la luz de la gran cantidad de menores que dan a luz en Ecuador cada año.

El pasado 14 de octubre, Moreno emitió un veto sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuestionando la constitucionalidad del artículo 150 del mismo, que recoge los supuestos para el aborto no punible.

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La semana pasada se trasladó al Constitucional una consulta acerca de la legalización del aborto en caso de violación, y la máxima instancia judicial tiene un mes para analizar la reforma planteada y emitir un dictamen.

En Ecuador, el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental.

Más de 20.000 niñas menores de catorce años dieron a luz en Ecuador entre 2008 y 2018, de acuerdo con datos oficiales.

El 80 por ciento de los casos fueron fruto de abusos sexuales en el entorno familiar, en la escuela o en su comunidad religiosa.