El olvidado “default” de EE.UU.

Uno de los mitos más difundidos en relación con Estados Unidos es que el gobierno federal nunca dejó de pagar sus deudas. Cada vez que se debate en el Congreso subir el límite al endeudamiento, los políticos y los periodistas desempolvan el viejo lugar común de que EE. UU. no estafa a sus acreedores. Pero no es verdad. Hace ya varias décadas hubo un caso en que actuó más como una “republiqueta bananera” que como una economía avanzada, y reestructuró deudas en forma unilateral y retroactiva. Y aunque pocos recuerdan este período crítico de la historia económica, contiene valiosas enseñanzas para las dirigencias actuales. Para ayudar a EE. UU. a salir de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt anunció un plan para excluir al país del patrón oro y devaluar el dólar. En aquel tiempo la mayoría de los contratos de deuda incluían una “cláusula del oro”, que obligaba al deudor a pagar en “moneda de oro” o su “equivalente”. Si se devaluaba la moneda sin resolver la cuestión contractual, el valor en dólares de las deudas aumentaría automáticamente para compensar la caída del tipo de cambio; esto provocaría quiebras generalizadas y enormes aumentos de la deuda pública. Para resolver el problema, el 5 de junio de 1933 el Congreso aprobó una resolución conjunta que anuló la cláusula del oro en todos los contratos pasados y futuros. Eso hizo posible que hubiera devaluación (y un conflicto político). Los republicanos deploraron que se pusiera en riesgo la reputación del país, mientras el gobierno de Roosevelt sostenía que la resolución no equivalía a una “anulación de contratos”. El 30 de enero de 1934 se produjo la devaluación oficial del dólar. El oro pasó de valer 20,67 dólares por onza (precio vigente desde 1834) a 35 dólares por onza. Previsiblemente, los poseedores de valores protegidos por la cláusula del oro sostuvieron que la derogación era inconstitucional. Se entablaron demandas, y cuatro de ellas llegaron hasta la Suprema Corte. ¿Los veredictos? En los cuatro casos los jueces fallaron por 5 a 4 en favor del Gobierno y contra los inversores que buscaban compensación. Según el fallo por mayoría, el gobierno de Roosevelt podía invocar una “necesidad” como justificación para anular contratos, si eso ayudaba a liberar a la economía de la Gran Depresión. La mayoría de los estadounidenses olvidaron este episodio; la amnesia colectiva echó un manto de olvido sobre un hecho que contradice la imagen de un país gobernado por el Estado de derecho, en el que los contratos son sagrados. Pero los buenos juristas todavía se acuerdan; los abogados invocan el fallo de 1935 cada vez que defienden a países en “default” (como Venezuela). Y es posible que veamos reaparecer el argumento con más frecuencia conforme aumente el número de gobiernos enfrentados a nuevos peligros financieros (por ejemplo, los pasivos no financiados correspondientes a pensiones y salud pública). Según cálculos recientes, los pasivos no financiados del Gobierno de EE. UU. ya alcanzan un asombroso 260 % del PIB, y eso sin contar la deuda federal convencional y los pasivos no financiados de los gobiernos estatales y locales. Tampoco es un problema exclusivo de EE. UU. La gran pregunta es si habrá nuevos casos de gobiernos que invoquen el argumento legal de la “necesidad” para ajustar contratos retroactivamente. La derogación en 1933 de la cláusula del oro ofrece abundantes razones legales y económicas para considerar que es posible. La Suprema Corte de Estados Unidos ya coincidió una vez con el argumento de la “necesidad”. No es tan aventurado pensar que puede suceder otra vez.