Con 20 procesados y decenas de pruebas y testigos por evacuar en el juicio, el caso Sobornos 2012-2016 se resolvió en poco más de un año. Al final de ese tiempo hubo hasta sentencia ejecutoriada en firme. Pero no todos los casos tienen la misma celeridad.

¿La razón? Algunos se estancan en decenas de incidentes, dilaciones, diferimientos y otras acciones que la ley permite a las partes procesales. El periodo electoral también ha incidido en algunos de ellos.

Entre estos casos en ‘stand-by’ están los expedientes abiertos en contra del desarrollador informático sueco Ola Bini, por acceso no consentido a sistemas informáticos y el de posible rebelión, por el que la prefecta de Pichincha Paola Pabón y el exasambleísta Virgilio Hernández fueron llamados a juicio el año pasado. Aunque el de Ola Bini inició en 2019, casi dos años después aún no tiene ni siquiera fecha para anunciar la resolución de la audiencia preparatoria de juicio, realizada en diciembre del año pasado.

Ola Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito el 11 de abril de 2019. Iba a Japón en un viaje que días antes anunciaba en sus redes sociales. Su aprehensión coincidió con la expulsión de la Embajada de Ecuador en Londres del hacker australiano Julian Assange y el anuncio del Gobierno del presidente Lenín Moreno de la presencia en el país de hackers rusos, supuestos colaboradores de Assange.

Antes de la detención del informático, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo en una rueda de prensa que desde hace varios años vivía en el país “uno de los miembros claves de WikiLeaks y una persona cercana a Assange”. Indicaba que existía evidencia de su aparente colaboración “con los intentos de desestabilización del Gobierno y que trabaja de manera cercana” con el hacker australiano.

Las sospechas apuntaron a Ola Bini. Pero casi dos años después de abierto el expediente, todavía no tiene ni llamado a juicio. La audiencia preparatoria se cumplió a finales de diciembre de 2020, después de superar una serie de incidentes, como la recusación a la jueza Yadira Proaño por parte de la defensa de Ola Bini; o la excusa de la jueza para no continuar con el caso porque, según Carlos Soria, defensor del informático, fue demandada en el habeas corpus con el que la Corte de Pichincha liberó a Bini. El caso también fue sorteado dos veces y al final de todos los incidentes continuó en manos de la jueza.

El 28 de marzo se cumplirán tres meses de la suspensión de la audiencia preparatoria previa al anuncio de la resolución. No hay fecha para la diligencia. En el sistema Satje la jueza evidenció un problema. La exactuaria encargada no remitió ni los CD solicitados ni el texto del acta de audiencia. El 17 de febrero se le dio 24 horas para que remita la información a su correo electrónico.

El pedido lo había formulado ya el 28 de diciembre, cuando se suspendió la audiencia, y hasta el 17 de febrero no remitía el listado de peritos cuya exclusión la defensa solicitó. Anunció que una vez que se proporcione la información, se notificará con la continuación de la audiencia donde se dará a conocer la resolución.

El abogado de Ola Bini recordó que todo inició el 11 de abril de 2019 con la expulsión de Assange de la embajada. “Horas después secuestran a Ola Bini en el aeropuerto, pues para el efecto no se contaba con orden para su detención”.

Destaca que “hasta la fecha no tenemos la resolución de la jueza Yadira Proaño que nos llame a la reinstalación, a efectos de poder continuar con el proceso penal”.

Jorge Acosta, uno de los abogados defensores en el caso Sobornos, opina que en el proceso contra Ola Bini se está dejando que una secretaria se burle del Poder Judicial. Considera que lo que se debía hacer es que comparezca con la fuerza pública, porque un caso no puede estar detenido por el mal procedimiento de un funcionario.

Para el abogado David Acosta, hay un problema que crea una percepción falsa de que existe justicia o de que se actúa contra la delincuencia. Esa es la mediatización del derecho penal. Dice que todo proceso político, cuando se ve inmerso en un exceso de publicidad, genera impacto y marca la opinión de las personas y la sociedad en un nivel exponencialmente mayor.

Añade que muchas veces se opinan cosas que van en contra del ordenamiento jurídico. Y al existir mucha fuerza en la opinión pública, los jueces y fiscales, así no lo sientan en ese momento, se dejan influir por esas opiniones para evitar un desprestigio a su carrera.

Asegura que toda esa presión conlleva a que el debido proceso sea la mayor víctima de la justicia mediatizada.

El caso de Paola Pabón inició hace un año y cinco meses. Tiene llamado a juicio. Son tres procesados. Entró en suspenso porque Hernández fue candidato de elección popular. Y más de un mes después de los comicios, Pabón indica que no hay fecha para el juicio.