La obligacion de transparentar

Es absolutamente válido sostener que la primera lealtad de un gobernante es la que le debe a su pueblo.

Mal haría entonces el presidente en sus primeros días del ejercicio de su alta investidura en mantener sin hacerlas públicas las reales cifras de la situación económica que enfrenta su mandato.

No solo que, de así ocurrir, puede terminar resultando culpable por calamidades que no produjo, sino que además, conociendo la realidad de los hechos, tanto los ciudadanos dedicados a las actividades económicas cuanto la población en general, sabrán actuar en consecuencia frente a los imprescindibles ajustes que, es de esperar, van a producirse.

Sin duda, reinaugurar la transparencia, con un estilo sereno que busca soluciones y no únicamente encontrar culpables en el pasado, le dará los mejores réditos al recién instalado gobierno.

Así, al igual que se recibe con agrado la voluntad de diálogo, ahora se espera la más absoluta claridad respecto a las denominadas cuentas públicas, de modo que se superen los rumores y se empiece a trabajar sobre la realidad tal cual es, sin pensar si ello involucra una crítica implícita al gobierno anterior, que tiene que dejar de ser el eje sobre el que giren las decisiones del actual, no únicamente para marcar un estilo distinto, también para cumplir los actos de gobierno con una tesitura y un talante realmente democráticos.

Para que lo planteado quede más claro, debe meditar el primer mandatario sobre la grata acogida brindada por el país a lo actuado por la Secretaría Nacional de Educación Superior respecto a las tensiones que hasta hace poco se mantenían con la Universidad Andina.

Lo ocurrido se puede calificar como un caso emblemático de lo que la transparencia y el diálogo pueden generar, evitando la judicialización de la vida nacional, que debería ser un recurso extremo a seguir, precisamente cuando la transparencia y el diálogo no han permitido obtener los resultados deseados.

Igual comportamiento está esperando el país respecto al esclarecimiento integral del tristemente célebre caso Odebrecht. Hacerlo evidenciaría la voluntad presidencial de perseguir la corrupción, sin generar la impresión de que se está seleccionando a los inculpados.