Una historia que se repite. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional conocerá y resolverá este 6 de marzo de 2923 el informe de su presidente, José Chimbo, de Pachakutik, sobre la solicitud de destitución de la expresidenta de este organismo, Guadalupe Llori.

El pedido fue planteado por el legislador independiente Bruno Segovia, que le acusa del posible delito de tráfico de influencias y haber gestionado cargos públicos en la provincia amazónica de Orellana, de donde Llori es oriunda y en su momento fue su prefecta.

Según Segovia, cuando aún eran coidearios en Pachakutik, la entonces presidenta de la Asamblea le habría confesado “que puso hasta el último teniente político” en esa localidad. Durante el proceso, el denunciante entregó varios documentos al Comité de Ética que probaría lo dicho por Llori.

La defensa de la legisladora, a cargo de Julio César Sarango, niega en cambio que existan pruebas y asegura que todo se trata de una persecución y revanchismo político contra la expresidenta de la Asamblea.

No es el primer intento. A finales de 2022, el Comité ya sugirió al pleno la destitución de Llori ante la acusación del correísmo de que había alquilado vehículos de alta gama para movilizarse y que hizo que integrantes de su equipo de trabajo pagaran ese gasto.

Sin embargo, en el pleno de la Asamblea solamente hubo 82 votos que apoyaron la recomendación de destitución como legisladora, pero se necesitaban al menos 92 respaldos, por lo que mantuvo la curul.