No se da por vencida. La oposición cree que ahora sí es posible llevar a juicio político al vicepresidente sin funciones y detenido en la cárcel 4, Jorge Glas. Están convencidos de que el escenario político y jurídico ha cambiado. El primer intento de juicio, en junio, no pasó del Consejo de Administración Legislativa.

pruebas

1. La Fiscalía y la Contraloría son la base de la nueva acusación. El pedido para la interpelación que se presenta hoy –de unas 45 páginas– se sustenta en las investigaciones de los casos Odebrecht, Petroecuador, Caminosca. La vinculación de Jorge Glas en el ámbito judicial –incluida la orden de prisión y el inicio de una investigación por cohecho– es, según los asambleístas, la evidencia de responsabilidad política.

Por eso, como parte de las pruebas, la oposición hace 19 requerimientos de información a la Fiscalía General (10) y la Función Judicial (nueve). A la Contraloría le piden las copias de 12 informes especiales. El más importante de todos, para los intereses de la oposición, es la resolución de destitución emitida por la entidad de control por las irregularidades en el campo petrolero Singue.

La oposición le atribuye entonces responsabilidad por cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

El CAL

2. El pedido deberá convencer a los cinco asambleístas del oficialismo que conforman el CAL: José Serrano, Viviana Bonilla, Soledad Buendía y sus aliados Carlos Bergman y Verónica Arias, quienes en junio archivaron la solicitud. De mayoría correísta ahora las fuerzas comienzan a virarse. Serrano y Arias ya han dejado entrever que sus preferencias se decantan ahora por Moreno.

Bancada de PAIS

3. Otro elemento que se sumaría a la pretensión de la oposición es el respaldo de algunos asambleístas de PAIS, como Marcia Arregui, la primera en firmar el pedido de juicio. A sus ojos “hay un escenario jurídico totalmente diferente”. A ella se sumarían, al menos, cuatro más que solo esperan la reunión de bloque para tomar una decisión.

El Procedimiento

Constitucional: El segundo filtro es la Corte Constitucional (CC), la que deberá emitir el dictamen previo de admisibilidad, previo a eso revisará que la solicitud cumpla con el número de firmas y con las causales: cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos de lesa humanidad, contra la seguridad del Estado.

Fiscalización: El proceso pasará a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento y sustancie el proceso. En un plazo de cinco días, el vicepresidente ejercerá su defensa. Igual tiempo tendrá la parte acusadora; y, en cinco días la Mesa emitirá el informe motivado archivando o dando paso a la interpelación.

Censura: Una vez que el pedido de juicio político llegue al pleno de la Asamblea, para lograr la censura y destitución del funcionario, se requiere de 92 votos válidos. La oposición al momento cuenta con 63 votos, por lo que de llegar el caso requieren de al menos 30 asambleístas de PAIS para cumplir su cometido.