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Los antecedentes son poco halagadores. El presidente Lenín Moreno decretó la creación de una Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, decisión que genera muy pocas expectativas en actores de la sociedad civil y del propio Estado.

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Los antecedentes son poco halagadores. El presidente Lenín Moreno decretó la creación de una Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, decisión que genera muy pocas expectativas en actores de la sociedad civil y del propio Estado.

Las razones para esta incredulidad son varias: no es la primera vez que se forma una entidad de lucha contra la corrupción atada a la Función Ejecutiva o a la estructura estatal. Sin embargo, los resultados han sido escasos o, en algunas ocasiones, adversos.

El académico y jurista Arturo Moscoso hizo un breve recorrido por las entidades creadas con este fin. “En 1997, por decreto, se creó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que luego pasó a ser la Comisión Anticorrupción. En el anterior Gobierno se formó una Secretaría de Transparencia, pero no sirvieron para mucho y prueba de ello son los escándalos que tenemos en el país”.

Iván Granda ha sido en las últimas semanas el vocero del Gobierno de Moreno en las denuncias por corrupción encontradas en la anterior administración. Esto ha generado incluso una fricción con la Fiscalía General del Estado, que aseguró no estar al tanto de las indagaciones del Ejecutivo.

Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, Julio César Trujillo, la creación de otra instancia puede ser un riesgo porque se pueden contraponer funciones que ya tienen otros entes. “No dudo de la buena voluntad de esta iniciativa, pero lo que hay que hacer es exigir a los fiscales y, si ellos no cumplen la ley, el Ejecutivo está en su derecho de denunciar en el Consejo de la Judicatura”.

Al inicio de su mandato, el presidente Moreno también formó un Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que dejó algunas recomendaciones legales para hacer más efectiva la lid contra este mal. Poco se conoce sobre la aplicación y puesta en marcha de las sugerencias.

Ramiro Román, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que esto es burocratizar en tiempos de austeridad. “Si se quiere un ente anticorrupción debe salir de la voluntad ciudadana. Las creaciones indirectas no están representando adecuadamente a la gente y por eso hay malestar”.

Funcionarios gubernamentales trabajaban ayer en la conformación del equipo que acompañará a Iván Granda Molina, quien fue designado secretario Anticorrupción por el presidente. “Una vez que se definan estos detalles y se conozcan con precisión las funciones, el secretario dará información”, indicó ayer uno de sus colaboradores.

Las funciones

La Secretaría deberá hacer recomendaciones y proponer directrices para la generación de políticas públicas y otras acciones que estén encaminadas a facilitar las denuncias de los actos de corrupción que puedan ser considerados de alto impacto dentro de la administración pública.

Seguimiento

El secretario Granda y su equipo tienen la misión de seguir el rastro a las acciones que se generen a raíz de denuncias de corrupción dentro de la función pública. Esto incluye transversalizar la implementación de las políticas públicas anticorrupción dentro del Gobierno central y sus dependencias.

Articulación

Esta nueva instancia de la Presidencia deberá coordinar la cooperación entre las instituciones del Gobierno, organismos de control, entidades judiciales y todos los involucrados en los procesos de juzgamiento y sanción de los actos de corrupción, respetando la división de poderes.

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