El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas dictaminó este 30 de noviembre de 2022 que el Estado ecuatoriano violó los derechos a la libertad de expresión y a la protección judicial efectiva de los directivos de diario El Universo durante el gobierno de Rafael Correa. El organismo se pronuncia seis años después de que los hermanos Pérez Barriga presentaran el escrito de la denuncia.

Según el análisis que consta en el dictamen, el Ejecutivo (en ese momento encabezado por el expresidente Rafael Correa) "utilizó las solicitudes de réplica como mecanismo para obligar al Diario a difundir contenido determinado por el Gobierno, lo que restringía su libertad de expresión". Esto, según el Comité, se complementó con los "múltiples procesos administrativos (y sanciones) de la Superintendencia de Comunicación (Supercom)".

Asimismo, el Comité analizó que a los directivos de diario El Universo "no les fue garantizado un recurso efectivo en relación con los procesos sancionatorios administrativos de los que fueron objetos". Esto debido a que los recursos "se concedían sin efecto suspensivo, lo que implicaba que el derecho interno no resultaba efectivo ni oportuno para prevenir daños irreparables" que, incluso, implicaba que las multas eleven su valor.

Por otro lado, el dictamen también observa que la Supercom "hacía una interpretación amplia de la Ley Orgánica de Comunicación" y que las medidas de réplicas impuestas "resultaron desproporcionadas y no fueron estrictamente necesarias para el fin de proteger la reputación de las personas (que era el argumentos de la Supercom)".

El Comité, además, señaló que los directivos de El Universo no demostraron cómo la prohibición de que los directores y accionistas de medios de comunicación tengan participación en empresas ajenas a ese campo afectara la la sostenibilidad del diario, la vulneración a su derecho a la libertad de expresión y la afectación de su patrimonio personal; por ello quedó fuera del análisis del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Estado ecuatoriano, según consta en el dictamen, tiene un plazo de 180 días para remitir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para "informar las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen". Asimismo, se pide que se publique el documento y que las observaciones de la ONU sean difundidas en el país.

Los hermanos Carlos y César Pérez Barriga presentaron su escrito de denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el 23 de febrero de 2016. En su momento, ellos argumentaron que las reformas constitucionales (en la que se creó la Ley de Comunicación y la Supercom) impuso contendidos, sanciones y multas que vulneraron sus derechos a la libertad de expresión, la protección judicial efectiva y la igualdad ante a ley estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.