La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, abrió este jueves 7 de diciembre de 2023 la consulta pública del proyecto de "Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba", el marco legal con el que país pretende anexionarse el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

En la sede de la AN, un grupo de diputados encabezó este debate abierto a los ciudadanos, con el que se prevé incorporar observaciones para el proyecto final, que el Parlamento planea aprobar la próxima semana.

Los legisladores insistieron en que esta ley, propuesta por el presidente Nicolás Maduro, busca cumplir con el "mandato del pueblo", expresado el pasado domingo en un referendo unilateral, con el que la mayoría de votantes aprobó anexionarse la zona bajo litigio, controlada por Guyana.

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El texto consta de cuatro capítulos y 22 artículos en los que se dibujan las líneas de acción para "recuperar" este territorio, que Venezuela no controla desde 1899 y en el que existen riquezas petroleras actualmente explotadas por Guyana, lo que ha atizado la controversia.

Al respecto, el defensor público de Venezuela, Daniel Ramírez, quien participó en el debate, señaló ante periodistas que estas discusiones se están celebrando en varias partes del país y que representantes de las instituciones del Estado se van a "desplegar por todo el territorio".

El objetivo, subrayó, es recoger el mayor número de observaciones por parte de ciudadanos y asociaciones civiles para hacerlas llegar a la Comisión de Política Exterior de la AN, que presentará un informe final ante los diputados la próxima semana, cuando el oficialismo espera aprobar la ley en una sola jornada.

Según lo planeado, el Legislativo aprobará un conjunto de leyes relacionadas con este tema, entre ellas una para la protección de bosques y de recursos que se hallan en esta zona, así como otros marcos legales en materia de Defensa y para definir el "funcionamiento del estado número 24" de Venezuela.

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La controversia por esta zona data del siglo XIX, pero desde 2018 ha cobrado vigor en vista de la admisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido a Venezuela no ejecutar acciones que alteren la dinámica actual sobre el área.

Venezuela rechaza la mediación de la CIJ en este asunto, un alegato que también se vio reforzado con el referendo, en el que los venezolanos acordaron no reconocer la jurisdicción del tribunal internacional que, igualmente, emitirá una decisión vinculante para las dos naciones, en una fecha que todavía no se ha dado a conocer.

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