La incursión marítima del pasado 3 de mayo en dos playas próximas a Caracas ha desencadenado un vendaval geopolítico en el que se cruzan acusaciones, sospechas y evidencias de un rompecabezas con piezas en Venezuela, Colombia y EE. UU. El último complot fallido contra Nicolás Maduro, el más disparatado de todos, no afecta solo a la oposición al chavismo, con Juan Guaidó a la cabeza.

La llamada Operación Gedeón, que acabó con al menos 7 muertos y decenas de detenidos, siembra dudas en torno al conocimiento que la Inteligencia y las autoridades de esos países tenían de ese plan, que se fraguó entre Florida, Bogotá, y el departamento colombiano de La Guajira.

El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró el lunes que el régimen tenía infiltrados en la Inteligencia y en las Fuerzas Armadas del país vecino, sugiriendo que esa circunstancia les permitió jugar con ventaja y desbaratar la misión.

Rodríguez presentó unas grabaciones con el propósito de demostrar la participación del exgeneral Clíver Alcalá y de un diputado opositor del partido Acción Democrática. Pero también lo hizo para tratar de involucrar al Gobierno de Iván Duque. “Esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la Inteligencia colombiana, en el seno de la Inteligencia de la fuerza armada colombiana, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación de Hernán Alemán y de Clíver Alcalá Cordones”.

El presidente colombiano es, junto a Donald Trump, el principal valedor de la causa de Guaidó en el tablero internacional, se han desvinculado de lo sucedido en la costa de La Guaira. Sin embargo, está probado que la operación se fraguó al otro lado de la frontera, en Colombia, y que fue impulsada inicialmente por operadores políticos de Voluntad Popular, la formación de Guaidó y de Leopoldo López.

El exmiembro de las fuerzas especiales de EE. UU., Jordan Goudreau, se atribuyó el diseño del desembarco, en el que participaron exoficiales venezolanos y dos mercenarios norteamericanos, no más de cincuenta personas. Pero el dislate táctico ha hecho que, después de un año de preparativos, ningún dirigente opositor quiera asumir la responsabilidad. Ni siquiera Juan José Rendón. El exasesor del rival de Maduro, conocido como JJ, reconoció haber firmado un contrato en octubre con la empresa de seguridad privada de Goudreau, Silvercorp, y haberle pagado un adelanto de 50.000 dólares. Aun así, asegura que al final se echó para atrás.

Las afirmaciones de Rodríguez cobran sentido con el paso del tiempo, ya que tanto en las filas opositoras como entre los militares en el exilio y todas las personas al tanto del plan cundían las sospechas de que la operación estaba infiltrada por Caracas.

Mientras tanto, no se ha podido esclarecer todavía quién dio la orden que acabó con un plan suicida el pasado 3 de mayo y que golpeó la credibilidad de Guaidó y de sus aliados.

Arresto fortuito de un exmilitar

Otro actor que en los últimos meses pudo desempeñar un papel importante es un exteniente venezolano llamado Figueroa Fernández. Fue detenido de manera fortuita por su propio Ejército el 11 de marzo en un camino informal entre el departamento de La Guajira y Venezuela conocido como Trocha número 30.

Clíver Alcalá, la figura clave

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Inteligencia militar de Colombia sí mantuvieron contactos con una de las figuras clave en el complot. Clíver Alcalá es un antiguo general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fue fiel a Chávez y acabó rompiendo con Maduro hace cuatro años.

COLOMBIA INVESTIGA

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este martes a la agencia española de noticias EFE que investigará si en las Fuerzas Armadas hay vínculos "con regímenes dictatoriales de la región", en respuesta a la supuesta infiltración del régimen venezolano en los organismos de inteligencia del país.

"La filtración de información por parte de cualquier servidor público o uniformado de la fuerza pública, que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información, es un delito y por lo tanto debe ser investigado y sancionado", aseguró Trujillo en una declaración.

Según el ministro, "se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública para identificar cualquier posible actuación" de funcionarios "que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano".

Trujillo respondió así a las declaraciones del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene en su poder unas grabaciones conseguidas gracias a los infiltrados que tienen en Colombia.

INVESTIGACIONES Y SANCIONES

Ante esto, el ministro de Defensa colombiano subrayó que la política del Gobierno Nacional "es de cero tolerancia con la corrupción y la ilegalidad", y que "cualquier hallazgo será remitido a las entidades competentes para las respectivas investigaciones penales y disciplinarias".

"Colombia tiene unas instituciones fuertes y sólidas, que son reconocidas en el contexto internacional por su respeto hacia los valores democráticos y la ley", añadió.

El ministro también se refirió a las recientes denuncias sobre el uso ilegal de las capacidades de inteligencia del Ejército colombiano y afirmó que "continúa el trabajo de auditoría interna" con la colaboración de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público).

"Cualquier presunto acto en contra de la Constitución y de la Ley debe ser investigado y sancionado con rigor", advirtió Trujillo.

LAS FF. AA. EN ENTREDICHOS

En las últimas semanas, la prensa colombiana han denunciado casos de corrupción en los que están involucrados oficiales del Ejército, como la venta de información y armamento a narcotraficantes y disidencias de las FARC o el espionaje a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros, y defensores de los derechos humanos. EFE