Las empresas en las once provincias afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero en Turquía no podrán despedir a sus trabajadores los próximos meses, pero podrán pedir ayudas al Estado para pagar salarios, anuncia este miércoles 22 de febrero de 2023 un decreto presidencial.

El texto, publicado en el boletín oficial del Estado, determina que salvo por cierre de negocio o por ir "en contra de la moral y buena voluntad", ninguna empresa en las once provincias afectadas puede despedir a empleados ni anular contratos de servicio.

La norma estará vigente durante el estado de excepción, proclamada para estas provincias el 8 de febrero pasado durante 90 días.

Los negocios que se vean obligados por las circunstancias a reducir sustancialmente la presencia de sus empleados en el trabajo pueden pedir al Estado ayudas financieras para seguir pagando los salarios, un sistema inicialmente establecido durante la pandemia de la COVID-19.

Estas ayudas se concederán sin esperar a que se verifique el estado de los edificios relacionados con el negocio, pero se pueden reclamar después si los solicitantes han dado información falsa.

Además, las personas que hayan quedado sin trabajo ni otras ayudas recibirán una ayuda diaria de 133 liras (unos 6,5 euros al cambio actual).

Los terremotos, que han causado la muerte de al menos 42.000 personas en Turquía, han paralizado la economía totalmente en las zonas más afectadas, como Antioquía, donde no se puede entrar de momento en ningún edificio por los riesgos de derrumbes.

En esta ciudad, las empresas ubicadas en recintos industriales no afectados por los sismos viven un problema distinto: no pueden conseguir trabajadores, ya que nadie se quiere quedar en una ciudad en la que en los próximos meses solo se podrá vivir en tiendas de campaña, sin servicios básicos.

La enviada adjunta de la ONU para Siria, Najat Rochdi, pidió hoy miércoles 22 de febrero a la comunidad internacional que no politice la ayuda humanitaria a Siria tras los terremotos del 6 de febrero, que han afectado a unos 8,8 millones de personas del país y otros muchos refugiados en la vecina Turquía.

En una reunión celebrada este 22 de febrero con el grupo de apoyo internacional a Siria, la "número dos" de la oficina que dirige el enviado especial Geir Pedersen también urgió a los países donantes a asegurarse de que se aplican las necesarias exenciones a las sanciones contra Siria para garantizar que la ayuda humanitaria llega al país.

Rochdi destacó que la ONU y sus agencias humanitarias están aumentando los envíos de ayuda, gracias en parte a la apertura de los pasos fronterizos de Bab Al-Salam y Al Raee, desde los que han logrado hacer llegar alimentos, agua potable, mantas térmicas, equipamiento médico y otros artículos de necesidad.