Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitieron este jueves 8 de febrero de 2024 reticencias sobre las implicaciones que podría tener a nivel nacional para las elecciones de noviembre validar la decisión del estado de Colorado de eliminar a Donald Trump (2017-2021) de las primarias republicanas por su papel en el asalto al Capitolio.

Tanto los magistrados más progresistas -como Sonia Sotomayor o Elena Kagan- como los más conservadores -entre ellos el presidente del TS, John Roberts- sugirieron en sus intervenciones la incomodidad con la idea de que los estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.

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"Todo se reducirá a un puñado de estados que decidirán las presidenciales" y esto es "una consecuencia bastante desalentadora", afirmó Roberts, quien predijo que una decisión que dé la razón a Colorado podría conducir a que haya intentos en todo el país de descalificar a candidatos.

Este ha sido uno de los argumentos centrales de la audiencia tras la que se determinará si la expulsión de Trump de las primarias republicanas en Colorado por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021 es constitucional y si, por lo tanto, Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca.

La decisión del Supremo no se conocerá hoy, pero según muchos analistas los argumentos parecen indicar que los jueces, de mayoría conservadora, podrían no decantarse por apoyar a Colorado por temor a alterar las presidenciales de noviembre.

Trump es el favorito para hacerse con la nominación republicana y enfrentarse de nuevo al presidente Joe Biden, candidato demócrata.

En su intervención, el abogado que representa a los votantes que cuestionaron la elegibilidad de Trump, Jason Murray, negó que Colorado vaya a interferir a nivel nacional ya que "en última instancia, es este tribunal (el Supremo) el que va a decidir" y "resolver la cuestión para la nación".

No hacerlo, apuntó, supondría apostar por "el caos", ya que las elecciones seguirían adelante con la posibilidad de que Trump gane y luego sea descalificado para asumir el cargo, tras la conclusión de los procesos penales a los que se enfrenta.

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Aunque la cuestión de si el 6 de enero hubo una insurrección no fue el centro de la audiencia, Murray insistió en que el asalto al Capitolio "fue incitado por un presidente en funciones" que participó "en una insurrección", por lo que está afectado por la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, foco del debate.

Una opinión que no comparte el abogado de Trump, Jonathan Mitchell, quien afirmó que para una insurrección es necesario "un esfuerzo organizado y concertado para derrocar al gobierno mediante la violencia" y que este no se produjo.

Esta ya famosa Sección establece que ningún "miembro del Congreso o funcionario de Estados Unidos" que haya jurado la Constitución y "participado en una insurrección o rebelión" podrá ser "electo presidente o vicepresidente", entre otros cargos públicos.

Fue aprobada en 1868, después de la guerra civil, con el objetivo de evitar que pudieran volver al poder los rebeldes sureños de la Confederación que traicionaron la Carta Magna.

Mitchell defendió, además, que la enmienda no se puede aplicar a Trump porque el texto habla de "funcionarios" y no menciona a los presidentes y sostuvo asimismo que excluir a un candidato presidencial de la papeleta electoral es función exclusiva del Congreso y se requiere la aprobación de una ley.

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El Supremo deberá tomar una decisión con premura debido al apretado calendario electoral, pero los analistas dudan de que haya un fallo antes del supermartes del 5 de marzo, cuando 15 estados, incluido Colorado, celebrarán sus primarias.

En un fallo sin precedentes, la Justicia de Colorado determinó en diciembre que la Enmienda 14 inhabilita al republicano por la "insurrección" del asalto al Capitolio, cuando una horda de trumpistas atacó el Congreso para intentar frenar la ratificación de la victoria de Biden.

Bajo el mismo argumento, las autoridades electorales de Maine también expulsaron a Trump de las primarias. Además, varios activistas y organizaciones han presentado demandas similares en al menos 11 estados y están pendientes de que el Supremo se pronuncie.

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