El Salvador registra una tasa de homicidios de entre 2,3 y 2,4 por cada 100.000 habitantes, según reveló este jueves 21 de septiembre el titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, quien además señaló que este país centroamericano es un "referente internacional de seguridad".

"Llegar a este nivel de tasa por cada 100.000 habitantes, estamos hablando que El Salvador es un referente internacional ya en materia de seguridad (...) estamos diciendo que somos el país más seguro de toda América, porque así lo estamos considerando", dijo en declaraciones compartidas por la Presidencia.

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Arriaza Chicas no detalló cuántos homicidios se registran en lo que va de 2023, pero señaló que "estamos a 452 días sin homicidios en lo que va del periodo Presidencial 2019-2023".

El director de la PNC atribuyó la baja de muertes al plan gubernamental Control Territorial y a una medida de régimen de excepción, implementada desde marzo de 2022 después de un alza de homicidios en un fin de semana y con el que se busca combatir a las pandillas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, defendió el martes ante la Asamblea General de la ONU la que se ha convertido en su política de seguridad y dijo que su Gobierno había sufrido "ataques sistemáticos" por las decisiones tomadas en materia de seguridad.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó recientemente la decimoctava prórroga del régimen de excepción, con la justificación que "persiste la amenaza de una posible agrupación" de las estructuras de pandilla.

Según cifras oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.600 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 "víctimas directas" de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.

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De los más de 72.600 detenidos, al menos 7.000 han sido liberados, según lo señaló en agosto pasado el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El Salvador contabiliza 95 homicidios entre enero y principios de mayo pasado, según lo señaló en su momento la diputada oficialista Rebeca Santos.

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